Durante el juicio prestaron declaración no sólo los acusados sino muchos de los trabajadores afectados por este caso. FOTO: GERMAN G. LAMA

Los dos responsables de Distribución Mercat cuando en octubre del año pasado se inició en esta empresa el proceso electoral, el gerente Carlos Pons y el coordinador Antonio Costa, han sido condenados por la Justicia a un año de prisión y una multa de 300.000 pesetas cada uno por considerar el juzgado de lo Penal de Eivissa que cometieron un delito contra la libertad sindical.

La juez Marta Díaz ha considerado ajustadas a Derecho la mayoría de las peticiones planteadas por el fiscal Manuel Campoy durante la vista y también ha decidido inhabilitar durante un año a Pons y Costa para ejercer los cargos que ostentaban en la empresa o similares. Distribución Mercat es una compañía que se dedica, fundamentalmente, a distribuir productos a los supermercados de la cadena Syp en Eivissa y a finales del pasado año también se vio envuelta en una polémica huelga que también acabó en los tribunales, en aquella ocasión ante el juzgado de lo Social. No suele ser muy habitual que, como ha ocurrido ahora, un problema laboral desemboque en responsabilidades penales.

Los hechos que se han declarado constitutivos de delito se refieren a las amenazas que los responsables de la compañía vertieron contra una serie de trabajadores y a las limitaciones a las que fue sometido el sindicato USO al anunciar su candidatura en las elecciones sindicales de esta empresa.

La juez argumenta en la sentencia que los derechos fundamentales contemplados por la Constitución (entre ellos el de libertad sindical) pueden quedar sin valor alguno con apenas una «pequeña interferencia». Por ello, entiende que precisan de una «protección especial y superior a otros más fáciles de garantizar».

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Ultima Hora Ibiza y Formentera , para la juez ha quedado perfectamente claro que el objetivo de las actuaciones de los ahora condenados era «intentar impedir que el sindicato USO-Balears tuviera representación en la empresa». Dicho objetivo se tradujo en la acción de «intimidar, el gerente y el encargado-coordinador de la empresa, a los trabajadores que se presentaban por la candidatura USO-Balears».