El fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Balears (TSJB) en el que desestima el
recurso de GESA, ha abierto nuevas expectativas en el Govern ante
la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional (TC) sobre
el impuesto de instalaciones que inciden en el medio ambiente
(impuesto ecológico). Según explicó ayer el conseller de Hisenda,
Joan Mesquida, «esperamos con atención la sentencia del TC, porque
en caso de que sea desfavorable a las tesis que defendemos desde el
Ejecutivo, tendremos que devolver unos 9.000 millones de pesetas a
diferentes empresas».
La sentencia del TSJB desestimando el recurso de GESA no pilló
desprevenido al Govern, ya que los magistrados se habían
pronunciado de idéntica manera en casos similares. El impuesto
sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente había sido
recurrido, al menos, en otras quince ocasiones, y siempre el fallo
fue desestimatorio. El Alto Tribunal ha recordado en las sentencias
que el impuesto grava las instalaciones que afectan a actividades
que inciden sobre el medio ambiente "por contaminarlo, degradarlo o
distorsionarlo" y que obligan a la sociedad balear a soportar sus
efectos externos, mientras que la actividad sólo beneficia a los
agentes económicos implicados.
El tributo, de carácter directo (que puede repercutir en los
recibos del consumidor), se determina basándose en el valor
patrimonial de la media de ingresos brutos de explotación de los
tres ejercicios anteriores al año de pago. Sólo Balears y Galicia
tienen establecido este impuesto, aunque Extremadura, Castilla y
León también han estudiado su aplicación, y esperan, como las
Islas, la sentencia definitiva del TC.
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