El Departamento jurídico de la Comunitat Autònoma ha redactado un
informe jurídico urgente que recoge la existencia de indicios de
inconstitucionalidad en algunos artículos de dos de los Reales
decretos leyes de medidas liberalizadoras del Gobierno central.
El informe argumenta que la ley orgánica 2/1996 determinó que la
plena libertad de horarios y días de apertura quedaba supeditada a
la decisión conjunta del Estado y las respectivas comunidades
autónomas y que no se adoptaría antes del 2001. «El Real decreto
modifica estos aspectos de forma unilateral y antes de las fechas
fijadas, hechos que podrían suponer una deslealtad constitucional y
un uso constitucionalmente in- correcto del Decreto ley», argumenta
el informe. El texto recuerda que la reforma del Estatuto recoge
que corresponden a la comunidad autónoma las potestades
legislativas reglamentarias y la función ejecutiva en cuanto a
comercio interior.
Por otro lado, el Real decreto ley 6/2000 permite a las grandes
superficies incorporar una gasolinera según unas reglas en cuanto
al espacio que ocupan, las licencias municipales necesarias para la
construcción, el pago y ejecución de las infraestructuras de
conexión. Estas reglas, según el informe, constituyen normas
urbanísticas que invaden la competencia exclusiva de Balears
contenida en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.3. Además,
respecto a la entrega de licencias municipales, el informe dice que
el Estatuto otorga a la comunidad autónoma el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de régimen minero y
energético.
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