El president del Govern, Francesc Antich, recordó ayer a GESA que
el Ejecutivo tiene la obligación de controlar que el funcionamiento
de la empresa es el correcto y añadió que la empresa debe tener en
cuenta que los fallos de suministro producidos el pasado mes de
junio tienen «consecuencias». El president realizó estas
declaraciones tras la audiencia que tuvo con el Rey en el Palau de
l'Almudaina.
El president no quiso ser más explícito acerca de la expediente
sancionador que el Govern ha abierto a la empresa y en el que se
considera que GESA cometió una falta muy grava al actuar con
negligencia. En el expediente se señala que las sanciones por
cumplir determinadas prescripciones legales pueden llegar a los 50
millones de pesetas cada una de ellas. Lo que sí quiso dejar claro
el president del Govern es que el Ejecutivo quiere dar a GESA toda
las garantías posibles de defensa. Por esta razón, Antich aseguró
que las resoluciones sancionadoras no serán definitivas hasta que
la empresa no presente sus alegaciones y el Govern las analice.
«Queremos garantizar la posibilidad que tiene todo el mundo de
defenderse y por eso esperaremos a las alegaciones de la empresa»,
señaló Antich. Antich aseguró que la empresa cometió una serie de
fallos y que el Govern tiene la obligación de analizar estos
problemas y actuar en consecuencia. Antich reiteró que una de las
principales preocupaciones del Govern es la liberalización del
sector eléctrico, que puede tener consecuencias muy graves para las
Islas. Por eso insistió en la importancia de la reunión con el
vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato para que se elabore una
normativa específica para las Islas que evite que los ciudadanos de
Balears paguen más caro el precio de la energía.
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