La deuda de la Comunitat aumentará de golpe un 19 por ciento como
consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula
el impuesto ecológico. El Ejecutivo deberá obtener 10.600 millones
de pesetas de forma extraordinaria y la única opción que le queda
es recurrir a la deuda. En estos momentos, la Comunitat debe 57.000
millones de pesetas, cantidad a la que debe sumarse la deuda de las
empresas públicas. No obstante, el Ejecutivo trabaja en la
posibilidad de saldar parte del dinero que debe a las empresas con
el incremento de recaudación de sus impuestos.
En estos momentos, en la Conselleria d'Hisenda están trabajando
para tratar de solucionar el enorme problema financiero creado por
la sentencia. De momento, los responsables de la Conselleria están
a la espera de poder reunirse con los representantes del Ministerio
de Economía para renegociar los escenarios de deuda previstos. El
Govern espera que el Gobierno le autorice a solicitar los 10.600
millones de pesetas que necesita en varios años, para no tener que
formalizar la deuda de una sola vez.
A pesar de que el Govern tiene en su poder la sentencia desde el
pasado jueves, hasta que no esté publicada en el BOE no entrará en
vigor. El Ejecutivo quiere aprovechar estos días para poder cerrar
por completo el problema y resolverlo en los presupuestos.
De momento, el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, se puso e
contacto con el portavoz del PP en el Parlament, José María
González Ortea, para tratar de contar con la colaboración del PP en
la resolución del problema. El portavoz de los populares
tranquilizó al conseller al asegurarle que su grupo parlamentario
no tratará de obstaculizar la aprobación de los presupuestos , si
bien insistió ante el conseller en que el PP no apoyará las
cuentas.
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