Los ayuntamientos de Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep
también han presentado recurso contencioso-administrativo contra la
moratoria urbanística del Consell Insular, al igual que el
Consistorio de Sant Joan, el cuarto gobernado por el Partido
Popular en las Pitiüses. Los recursos no están coordinados ni se
basan necesariamente en los mismos argumentos, pues han sido
elaborados de forma independiente por los servicios jurídicos de
cada una de las instituciones.
Sant Antoni y Santa Eulària, por ejemplo, han confirmado que se
decidieron a emprender la acción judicial después de que todas sus
alegaciones fueran desoídas por el Consell Insular. En el caso de
Sant Josep, fuentes municipales explicaron ayer que, lo único que
se intenta, «es defender los intereses de los ciudadanos del
municipio». En este último consistorio lamentan que la moratoria
tenga tantos nombres y apellidos, es decir, que se vea tan
claramente a qué proyectos está referida. Y es que el Ayuntamiento
de Sant Josep afirma que basta con observar los planos que
acompañan al texto para comprender que este municipio ha sido el
principal blanco de la institución insular a la hora de ordenar la
paralización cautelar de determinados actos.
Pese a no haber sido redactados por el mismo letrado, todos los
recursos tienen cosas en común y es que, en todos ellos, se apela a
la inconstitucionalidad de la norma. Así, en el recurso interpuesto
por el Ayuntamiento de Sant Joan se lee expresamente: «Bajo una
pretendida buena voluntad, la contención urbanística de la isla de
Eivissa, se ha olvidado la existencia de un ordenamiento jurídico
propio de un estado plural y de los principios constitucionales que
obligan a todos los poderes públicos».
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