El Govern ha planteado su rechazo a negociar con el Gobierno
central el nuevo modelo de financiación autonómica con la cesión de
las competencias en Sanitat como telón de fondo. El conseller
d'Hisenda i Pressupost, Joan Mesquida, cree que esas negociaciones
pueden «contaminar» el gran debate sobre la financiación autonómica
y va más lejos al afirmar que una sanidad controlada por el Govern,
«puede provocar un grave agujero en las arcas autonómicas», como ya
ha ocurrido en Cataluña, Valencia y Andalucía. Mesquida, que
presentó ayer las ideas que maneja el Ejecutivo con respecto al
nuevo modelo de financiación, insistió es que, en estos momentos,
«es más importante el cómo que el cuánto».
El conseller aseguró que su departamento ha calculado las
diferentes opciones sobre las fuentes de financiación (porcentajes
de IRPF e IVA, cesión de tributos, impuestos sobre consumo de
energía, etc.), pero evitó formular una propuesta concreta e
insistió en reclamar «participación en los ingresos, capacidad de
gestión y capacidad normativa».
«La nueva fórmula de financiación», explicó, «debe contener
varias características, como que considere la población de derecho
real según los datos más actualizados, que considere adicionalmente
una medida de 'población soportada', que suprima las variables de
pobreza relativa y esfuerzo fiscal, que pondere de modo muy
relevante la población en cualquiera de las dos variantes antes
señaladas y que pondere con intensidad adecuada la actual variable
de insularidad».
Según Mesquida, el nuevo modelo de financiación autonómica debe
contemplar como criterio básico de asignación de recursos la
población registrada en la actualidad, que supera los 800.000
ciudadanos, y la población flotante, unas 375.000 personas, porque
«la actual aplicación a Balears de la población registrada en 1988
(679.000 personas) ha supuesto una pérdida de 25.000 millones de
pesetas».
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