El jefe de Inspección de Trabajo de Balears, Francisco Badenes,
confirmó ayer el cierre del expediente sobre el caso del fontanero
muerto el pasado pasado 8 de enero, Antonio M. R. de 45 años,
casado y con tres hijos en el hotel Don Toni de Eivissa. «La
investigación ha terminado -señaló Badenes- y puede imputarse como
responsables a las constructoras». Se ha expedido un alta de
infracción con una propuesta de sanción por falta muy grave, que
supone una multa de 6'2 millones de pesetas. Además, hay indicios
de comisión de delito, por lo que el expediente se remitirá a
Fiscalía y al Govern.
Inspección de Trabajo propone, por otra parte, que las pensiones
de los beneficiarios (viuda e hijos) se vean incrementadas en un 35
por ciento. Este recargo deberán pagarlo los responsables «de su
bolsillo», en este caso Jaime Martín Monferrer y, solidariamente,
Urbanizaciones y Construcciones Ibicencas S.A; «es decir, la
empresa que estaba realizando la reforma y la constructora para la
que trabajaba», señaló Badenes .
El inspector de Trabajo explicó que la ley califica esta
infracción como «muy grave», pero la propuesta de cantidad de
sanción «al no haber ningún tipo de intencionalidad» se pone en el
grado mínimo. La cuantía en pesetas (6.250.000 pesetas) es del
tramo medio porque la consecuencia del accidente fue el
fallecimiento del trabajador. El Inspector entiende que no ha
habido mala fe por parte de la empresa, sino negligencia. La
cantidad de la multa deberá pagarse, aunque el Estado da la
oportunidad a las dos empresas de abonar la cantidad a medias o con
el sistema de reparto que prefieran.
Por el momento, la Inspección de Trabajo ha entendido que hubo
falta de seguridad, que hay responsabilidades administrativas,
puede que penales y que debe efectuarse una mejora de las
prestaciones a los beneficiarios. Estas resoluciones se comunicarán
a las empresas para que puedan recurrir si lo deciden. El personal
del Ministerio ha contado con la colaboración de la Conselleria de
Treball en la elaboración del expediente que ha dirigido el
inspector de trabajo responsable de Eivissa. Las propuestas de
sanción se paralizan hasta que haya una sentencia sobre el
caso.
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