El suministro eléctrico de la bahía de Sant Antoni pende de la
resolución de un proceso de expropiación forzosa de los terrenos de
tres vecinos, cruciales para que GESA pueda instalar en ellos las
tres torres que faltan de la línea Santa Agnès-Sa Raval, proyectada
para reforzar los cuatro tendidos que actualmente suministran
energía en esa zona. La línea, de la que ya hay instaladas 26 de
las 29 torres necesarias, sólo podrá entrar en servicio cuando los
terrenos sean expropiados.
La construcción de la línea es crucial para el suministro
eléctrico de la bahía, según arguye José Rosselló, jefe de
Distribución de GESA en Eivissa: «Esperamos que la Conselleria
balear d'Industria agilice todo lo posible las expropiaciones, y lo
haga de la forma más diligente, dada la situación que hay en Sant
Antoni». Hasta que ese tendido no se complete, GESA no puede dar
nuevos suministros por encima de 25 kilowatios. Por esa razón,
hasta el momento la empresa se ha visto obligada a denegar
temporalmente 56 peticiones, cada una de las cuales corresponde a
un edificio, un hotel o un gran negocio, de manera que los
afectados son numerosos.
En noviembre, la compañía anunció que denegaba el suministro a
51 empresas, en parte debido a la peculiar situación urbanística de
las Pitiüses. Desde entonces, esa cantidad se ha incrementado
paulatinamente. Actualmente, hay 73 peticiones en suspenso, 17 de
ellas en la zona de es Canar (Santa Eulària), mientras que el
grueso de las suspensiones se halla en Sant Antoni. Según detalló
Rosselló, se da la casualidad de que los tres vecinos contra los
que se ha iniciado el proceso de expropiación forzosa inicialmente
habían dado su permiso a que el tendido pasara por sus
terrenos.
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