21/09/01 0:00
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J. M. R. El pleno del Consistorio de Sant Antoni aprobó ayer las alegaciones que presentará el equipo de Gobierno a la norma territorial cautelar decretada por el Govern en agosto y que fue previa a la modificación de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). Los dos ediles de Democràcia Pitiusa (DP) se abstuvieron (por no haber podido estudiar concienzudamente el texto), mientras que los del Pacte votaron en contra (por discrepar). Según expuso la concejala de Urbanismo, Blanca Castiella, las alegaciones se basan, principalmente, en la invasión de competencias municipales que supone la norma territorial, pues «impone un ritmo para otorgar las licencias de construcción, algo que es competencia del Ayuntamiento». Además, Castiella subrayó que incumple el principio de jerarquía normativa: el Govern la sitúa por encima de una ley.

También se aprobaron los proyectos que el Consistorio presentará a los Planes Insulares de Obras y Servicios (PIOS) del trienio 2002-2004, que han sido consensuados entre los populares y los ediles de DP. El portavoz del Pacte, Joan Marí Serra, admitió que coincidía con muchos de los proyectos que se presentan, aunque no estaba de acuerdo con el orden de necesidades. Serra desgranó una larga lista de propuestas que, a su juicio, tendrían que haberse incluido. Tan larga fue esa lista que el alcalde sugirió, con ironía, que sólo faltaba añadir «una Play Station».

La inversión propuesta por PP y DP ronda los 2.000 millones de pesetas. Para los PIOS de 2002, se ha presentado, entre otros, el proyecto de construcción de un edificio sociocultural en Can Bonet. Para 2003, proponen que la calle Londres se abra y sea dotada de infraestructura. El proyecto estrella, que necesitará casi 1.000 millones, se hará en 2004 y supondrá dotar de infraestructuras la zona donde se ubicará la futura estación de autobuses.

En el pleno, el concejal de Medio Ambiente, José Ramon Serra, explicó que en lo que va de temporada se han abierto 11 expedientes por contravenir las ordenanzas sobre publicidad. Uno de esos expedientes acumula 50 denuncias. En la lista aparece hasta un circo, al que se ha retenido la fianza que depositó.