El director del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Pere Mascaró, manifestó ayer que durante el año 2002 las Islas registrarán una moderación del crecimiento económico y un estancamiento del paro. No se puede hablar de recesión, argumentó Mascaró, pero sí de una disminución de las tasas de crecimiento que, en algunos casos, habían llegado a ser incluso insostenibles para el archipiélago.

En la misma línea, el conseller de Treball del Govern balear, Eberhard Grosske, explicó ayer en Eivissa que ya durante los últimos meses de 2001 se han encontrado ciertos «síntomas» que vienen a confirmar que el crecimiento de los últimos años no se mantendrá en los mismos niveles. Pese a todo, Grosske resaltó que en el año recién terminado Balears ha aumentado el número de personas ocupadas, aunque también el paro.

Según los datos aportados por el SOIB, que desde el 1 de enero tiene las competencias que hasta ahora estaban en manos del INEM, en Eivissa y Formentera el número medio de parados durante el año 2001 ha sido de 3.072 personas, un 1'42 por ciento más que hace un año. A 31 de diciembre había 4.966 personas apuntadas en las listas del INEM, un 2'36 por ciento más que el año anterior, aunque esa cifra es considerablemente inferior a la media registrada en Balears.

El titular de Treball se congratuló de que, además de tener un mejor comportamiento en ocupación, las Pitiüses también hayan visto cómo la tasa de siniestralidad descendía en mayor proporción que en el resto de las Islas. Las cifras siguen siendo malas, reconoció Grosske, pero por primera vez desde 1996 se ha conseguido reducir dicho índice. La media balear se ha situado en 95 accidentes por 1.000 trabajadores, mientras que la de las Pitiüses es de 110 por 1.000 (hace un año era de 117'3 por 1.000).

Estos datos, señaló Grosske, demuestran «que se puede poner freno a este problema», aunque también opinó que la actuación de la Administración por sí sola no es suficiente. Por ello, anunció que se hará un llamamiento a los órganos de concertación y los agentes económico-sociales para que tengan en cuenta la prevención de riesgos laborales en los convenios colectivos que hayan de firmarse durante 2002. Finalmente, el conseller también aseveró que la actividad sancionadora de su conselleria se ha dejado notar mucho durante el último año. En Balears, las multas han pasado de 285 a 546 millones de pesetas, pero Grosske cree que en las Pitiüses se ha superado esa proporción de aumento.