El acuerdo alcanzado entre el Govern y el Consell de Mallorca para
unificar sus moratorias tendrá efectos directos en las Pitiüses. El
equipo de Gobierno dirigido por la presidenta Pilar Costa no parece
dispuesto a redactar una nueva moratoria que llene el vacío que
dejará la norma cautelar decretada en agosto para todo el ámbito
balear, y que el Ejecutivo de Francesc Antich renuncia aprobar en
el Parlament tras el compromiso alcanzado con la presidenta
mallorquina Maria Antònia Munar.
Según ese acuerdo, las moratorias balear y mallorquina
decretadas el pasado estío se refundirán en una sola. A cambio, el
Govern se compromete a dejar en vía muerta la moratoria aprobada el
3 de agosto de 2001 que afectaba a suelo rústico y urbano. El
conseller insular d'Ordenació del Territori, Josep Marí Ribas,
anunció ayer que no se decretará una moratoria que supla la que el
Govern anulará, ya que las normativas insulares dictadas hasta el
momento suponen, por sí solas, «importantes» restricciones. A su
juicio, «las Pitiüses están cubiertas en cuanto a protección
urbanística».
Además de las moratorias propias del Consell, Marí alude a la de
la ciudad de Eivissa -que establece el mismo sistema de cupos que
preveía el Govern- para asegurar que no son necesarias más medidas
restrictivas en las Pitiüses. Esta decisión de los progresistas
pitiusos, sumada a la anulación de la moratoria del Govern,
representa, en la práctica, el abandono del sistema de cupos -que
sólo el municipio de Eivissa parece estar dispuesto a asumir-,
aunque eso dependerá de si finalmente se lleva a cabo la reforma de
las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), algo que
diversas fuentes consideran improbable tras el acuerdo entre el
Govern y el Consell de Mallorca.
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