Los problemas del Ayuntamiento de Santa Eulària en materia
urbanística aumentan día a día. A la polémica surgida recientemente
con las urbanizaciones de ses Torres y Can Castelló y al hecho de
que el Consistorio ya no se atreve a otorgar licencias ante el
temor de que su planeamiento urbanístico (el Plan de Delimitación
del Suelo urbano, PDSU) sea nulo, se suma ahora la posibilidad de
que tenga que indemnizar con más de 300.000 euros (50 millones de
pesetas) a un particular por anular una simple licencia de obra
concedida en octubre de 1995 para la construcción de un depósito
semienterrado para el suministro de agua.
El pleno de la Corporación votó ayer a favor (con la abstención
de los progresistas) de declarar la nulidad de ese permiso, para lo
que el equipo de Gobierno se apoyó en un informe favorable del
Consell Consultiu, aunque éste advierte en ese documento que la
potestad del Ayuntamiento para revocar sus decisiones no le va a
salir gratis: «(...) los derechos de éste [del particular, Florián
Toledo] quedarán salvaguardados, en su caso, a través de la
indemnización de los daños y perjuicios», se dice en el dictamen.
Precisamente, el pasado 6 de marzo Toledo hizo entrega en el
Ayuntamiento de un escrito en el que solicita una indemnización
«por valor inicial de 50 millones de pesetas», una acción que el
Consell Consultiu califica de legítimo «resarcimiento».
El portavoz del grupo progresista, Carlos Salinas, recalcó ayer
el cúmulo de «aberraciones administrativas» cometidas por el
Ayuntamiento en la tramitación de este caso, y llamó la atención al
propio alcalde, Vicent Guasch, por haber firmado a «ciegas» y sin
informes jurídicos o técnicos que le respaldasen "que brillan por
su ausencia en el expediente" el decreto por el que se concedió la
licencia de aquella obra. El alcalde admitió ayer en el pleno que
«de ahora en adelante cada decreto se mirará con lupa».
Desde el Pacte también se advirtió al alcalde de los problemas
legales que podrían surgir (y añadirse a este caso) si se diera el
caso de que alguno de los miembros del Consell Consultiu que ha
emitido el informe mantuviera relaciones contractuales con el
Ayuntamiento. El alcalde calló.
Las placas catastrales se controlarán con
GPS
El caso de la urbanización de Can Castelló ha servido para que el
Ayuntamiento se ponga las pilas en el control de las placas
catastrales. La denuncia de esas obras y posterior paralización ha
puesto al descubierto un peculiar sistema para construir viviendas
nuevas sin necesidad de pedir licencias de obra mayor: utilizar
placas catastrales de casas ya existentes para solicitar licencias
de obra menor. Para evitar que se vuelva a conceder mediante ese
método otra media docena de licencias de obra menor que amparen la
construcción de chalets, el Ayuntamiento ha decidido cambiar las
placas: de ahora en adelante incluirán, además del número del
polígono y de la referencia catastral, el nombre de la venda y las
coordenadas de localización por UTM, que los celadores del
Consistorio podrán comprobar mediante un aparato de GPS. Así no
habrá truco que valga. Eso sí, habrá que tener voluntad de
comprobarlo.
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