José María García, flanqueado por Pilar Costa y Sofía Hernanz, en la inauguración del centro de menores.

El director del centro de menores de Eivissa, José María Sánchez, tendrá que declarar en calidad de imputado ante el juez por su negativa a ingresar a un menor extranjero el pasado 7 de enero. El Juzgado de Instrucción 4 de Eivissa ha estimado el recurso de reforma interpuesto por la fiscalía ante el archivo de la causa que reclamaba una investigación, según confirmaron ayer fuentes del ministerio público. La reapertura del caso supone el inicio de nuevas pruebas judiciales para aclarar si hay indicios de la comisión de un posible delito de abandono de menores.

Además de citar a declarar al director del centro de menores, el auto interpuesto por el juez ante el recurso de reforma de la fiscal Paz Nuñez ordena la realización de las siguientes actuaciones: la declaración, como testigo, de la consellera de Bienestar Social, Sofía Hernanz, y la petición a la Conselleria de un informe donde se recoja si se ha planteado, antes del hecho denunciado, algún tipo de problema en la acogida de menores en los centros dependientes de la administración. El auto de resolución, al que ha tenido acceso este periódico, está compuesto por siete folios donde se exponen las razones por las que adopta esta decisión sopesando, entre otras razones, los argumentos de la representante del ministerio público.

La fiscal dice que no es de su competencia ordenar el ingreso y que no es la primera vez que se plantean supuestos similares en los que un menor desamparado solicita la protección de las instituciones sin que se haya dado orden por parte del fiscal para decretar el ingreso pues eso supondría unas funciones que competen a la administración, siempre según la tesis de la fiscalía. Ante los hechos del 7 de enero, sostiene que «se trata de la primera ocasión en la que existe una negativa expresa, insistente y continuada de acoger a un menor».

CC OO denunció las trabas de la administración en este caso
El asunto salió a la luz pública cuando el sindicato Comisiones Obreras denunció ante el juzgado de guardia las trabas de la administración por acoger a un menor inmigrante. Las dudas sobre la edad, ya que aseguraba tener 17 años pero no presentaba ningún documento que lo acreditara, fue el motivo de las diferencias. Finalmente, el director del centro de menores, José María García, acogió al menor tras recibir una llamada de la propia consellera de Benestar Social, Sofía Hernanz.