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J. M. R. El grupo municipal progresista de Sant Josep ha solicitado al Ayuntamiento la suspensión inmediata de la licencia concedida en julio de 2001 por la comisión de gobierno a la entidad Atika del Noroeste para la construcción de 20 apartamentos, 28 estudios, locales, una piscina y un aparcamiento público en Cala Vedella. Estas obras provocaron en diciembre un aparatoso desprendimiento de tierra que causó daños irreparables en dos viviendas de la zona.

Según expuso ayer en rueda de prensa el edil progresista Josep Marí Ribas, Agustinet, el Consistorio nunca tenía que haber concedido una licencia para la construcción de viviendas en ese lugar porque en su correspondiente Plan Parcial se especifica que es una «zona comercial, de administración y equipo» en la que no se permiten edificaciones de otro tipo, como las turísticas que se planean.

Los progresistas han presentado esa solicitud en el Ayuntamiento y han entregado toda la documentación al respecto en los juzgados de Eivissa. Según alegan, la licencia carece de informes preceptivos (como un estudio geológico del lugar) y de un proyecto de seguridad y salud. Además, las propias Normas Subsidiarias (NN. SS.) de Sant Josep señalan que en las zonas próximas a torrentes existe una franja inedificable, algo que, según se advierte desde el Pacte, no se tuvo en cuenta a la hora de dar la licencia.

A esa serie de irregularidades añaden que la zona está afectada por la norma territorial cautelar dictada por el Consell en octubre de 2000, ya que es un suelo urbano que no dispone de servicios básicos. El Ayuntamiento concedió la licencia sin que esos servicios existieran. De hecho, los propios servicios técnicos del Ayuntamiento exigieron garantías mediante aval bancario para responder de las obras de urbanización. El derrumbe de las dos construcciones anexas se produjo, precisamente, en el momento en que comenzaron las obras de urbanización y a consecuenciua de unos movimientos de tierra.