La normativa de la Ley de Viajes Combinados aprobada por la Unión Europea es el principal escollo para que el Govern pueda cobrar a partir del próximo 1 de mayo el impuesto turístico o ecotasa, dado que al no estar incluida en los folletos de los touroperadores y no tener conocimiento de ella los turistas, «puede generar una avalancha de reclamaciones en las oficinas de consumidores de los mercados emisores, principalmente del Reino Unido y Alemania», según confirmaron ayer grupos turísticos y touroperadores englobados en la patronal IFTO. Esta cuestión será analizada esta tarde en el Consolat de la Mar en la reunión que ha convocado el presidente del Govern, Francesc Antich, con los presidentes de las patronales hoteleras de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera, Pere Cañellas, Francisco Mercadal y Joan Bufí, respectivamente.

Este encuentro ha causado una gran expectación en los sectores económicos y empresariales de las Islas, dado que tiene como objetivo fundamental, «ofrece una nueva oportunidad al diálogo y la colaboración entre el Govern que presido y los presidentes de las federaciones hoteleras de las Islas», según expresaba el propio Antich en la carta que remitió el pasado día 27 a los presidentes de las federaciones hoteleras. Pere Cañellas, Francisco Mercadal y Joan Bufí mantendrán este mañana en la sede de la Federación Hotelera de Mallorca una reunión previa al encuentro con Antich «para aunar posturas e ir con el mismo mensaje ante el presidente», indicaron los hoteleros.

Los presidentes de las patronales hoteleras presentarán a Antich las alternativas que se han planteado durante el último año para que no se aplique este impuesto, que únicamente afecta a los turistas que pernocten en la oferta de alojamiento legalizada. En este encuentro no estarán presentes ni el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, ni el conseller d'Turisme, Celestí Alomar, de ahí que en estos días previos el Govern ha perfilado la estrategia a seguir en una reunión que se realiza en uno momento clave para el desarrollo de la temporada de verano, dado que la propuesta que se pondrá encima de la mesa es que el cobro se aplace a noviembre.