Redacción Local11/04/02 0:00
TW0

El Ministerio de Administraciones Públicas se ha comprometido con el Defensor del Pueblo para que se instale, con carácter inmediato, una conexión informática en la sede de la Dirección Insular de la Administración del Estado de Eivissa que permita la consulta directa del estado de la tramitación de los expedientes que afectan a ciudadanos extranjeros ante la situación que sufre la Oficina de Extranjería, aunque la sede se encuentra en Palma. La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se interesó por este asunto y abrió una investigación de oficio tras conocer que se estaban produciendo «problemas de información entre los inmigrantes que habían presentado en las Pitiüses la documentación para regularizar su situación en España».

La falta de conexión informática entre la Dirección Insular y la Oficina de Extranjeros, situada en Palma supuso un problema para los extranjeros que están en proceso de regularización. «La información sobre el estado de los expedientes llegaba con retraso y la necesidad de efectuar constantes consultas telefónicas con la Oficina de Palma colapsaba los números de teléfono de la Dirección de Eivissa. Algunos inmigrantes manifestaron que se habían tenido que desplazar a Palma para poder conocer la situación de su expediente», según recoge el Defensor del Pueblo, a través de un comunicado.

La precariedad de los medios de la Oficina era tal que, incluso, no se recibían los listados en los que figuran las resoluciones de los expedientes que afectaban a los inmigrantes. Una circunstancia que ocasionaba retrasos en conocer la concesión de permisos de trabajo y de residencia.

Dentro de esta investigación, Cava de Llano pidió a la Delegación del Gobierno un informe donde se detalle el número de expedientes de regularización en curso, la fecha de entrada de los últimos que han sido resueltos y el tiempo medio de respuesta, las fórmulas de comunicación interna entre la Delegación y la Dirección Insular de Eivissa y los planes que tenían previsto para hacer frente a la saturación. El CITE denunció en la Plataforma por la Convivencia el estancamiento del proceso de regularización de inmigrantes que ocasiona que se resuelvan antes los expedientes de Mallorca que los de las Pitiüses.