16/01/03 0:00
TW0

E. R./ J. M. R.
El presidente del Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN), Joan Carles Palerm, expresó ayer su satisfacción por el auto de la juez del juzgado de instrucción número 4 de Eivissa en el que aprecia indicios de delito de desobediencia en los hechos ocurridos en agosto de 2000, cuando las empresas que participaban en la construcción de la urbanización de es Pouet hicieron caso omiso de la orden de paralización decretada por el Consell. Después de dos años y medio de instrucción, la jueza ha dado traslado de las diligencias a la Fiscalía y a la acusación particular, ha aumentado a 15 el número de imputados y propone que se inicie el procedimiento abreviado.

A juicio de Palerm, esa decisión supone un «refuerzo a la disciplina urbanística» que se desea imponer desde el Consell: «No es de recibo que la promotora se tomara la justicia por su cuenta», señaló. El conseller insular d'Ordenació del Territori, Josep Marí Ribas, consideró muy positiva la noticia porque «confirma, de momento, que el Consell tenía razón». Marí cree que la jueza instructora también ha entendido que «no se respetó la orden dada por la institución insular: «El tiempo pondrá las cosas en su sitio -subrayó-. Independientemente del fondo del asunto, que creo que se confirmará, está claro que la norma había que respetarla».

Para el portavoz progresista de Santa Eulària, Carlos Salinas, también ha sido «una buena noticia», pues «la gente debe saber que hay que respetar a las autoridades de la misma manera que a un magistrado». El edil de Urbanismo de Santa Eulària, Vicente Riera Noguera, repitió la famosa frase que esgrimió el Consistorio en 2000 cuando el Consell reclamó que parara las obras: «El que para, paga». Riera entiende, no obstante, que la empresa responsable de la rotura del precinto de paralización tendría que haber «parado y luego recurrido» ante la Justicia en vez de desobedecer el decreto del Consell Insular.