Las listas de espera para los procesos quirúrgicos en Balears serán
de un máximo de 180 días -seis meses- y se centralizará en un
registro conjunto que los pacientes podrán consultar en el Servei
de salut de Balears (IB-Salut), según explicó ayer la consellera de
Salut i Consum del Govern, Aina Salom.
Salom presentó ayer la 'Normativa de garantia dels temps màxims
de resposta de l'atención quirúrgica', que se publicó el 1 de enero
en el BOIB y que la consellera espera que pueda aprobarse en un
plazo de «seis o siete semanas», al mismo tiempo que la Llei de
Salut que se halla en fase de tramitación parlamentaria.
El decreto garantiza un tiempo límite de 180 días de espera para
un proceso quirúrgico, y en caso de superarse el Ib-Salut ofrecerá
al paciente otros centros sanitarios alternativos, públicos,
concertados o privados, donde puedan llevar a cabo su operación,
cuyos gastos serán reintegrados por la Conselleria. «El paciente
elegirá si quiere operarse en otro centro o esperar un mes más, en
caso de superarse el límite», dijo Salom.
La consellera calificó el decreto de «derecho social» y dijo que
«hoy por hoy el IB-Salut puede afrontar y cubrir este plazo máximo
de seis meses para intervenciones quirúrgicas sin tener que
recurrir a estas alternativas», acompañada de Juli Fuster, gerente
del IB-Salut; Pablo Rivero, director general de Planificació i
Finançament y de Gabriel Payeras, secretario general técnico de la
Conselleria de Salut.
En caso de no cumplirse la normativa con los 180 días previsto
como máximo, no se descarta ampliar horarios de quirófanos y
aumentar los recursos disponibles, tanto técnicos como humanos,
señaló el gerente del IB-Salut, Juli Fuster. Los 180 días empezarán
a contar a partir de la inscripción del paciente en el registro de
demanda quirúrgica, y se incluyen todos los procesos quirúrgicos
derivados de patologías, en total unos 700, comentó el director
general de Planificació i Finançament, Pablo Rivero.
«Desde el año 2000 ya pedíamos un decreto como éste al
Ministerio de Sanidad, y ahora, junto a las comunidades socialistas
de Castilla La Mancha, Andalucía y Aragón, somos las únicas
autonomías que disponemos de esta normativa, que responde a la
demanda del Defensor del Pueblo», dijo la consellera de Salut i
Consum, Aina Salom.
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