El alcalde, como si de un pleno se tratara, ocupó su silla para presidir el acto: la subasta de un terreno de 975 metros cuadrados en Punta Grossa, en sa Cala de Sant Vicent, cuyo titular debe 2.116 euros a la hacienda municipal. El Consistorio tenía previsto sacar a subasta otras cuatro fincas de morosos, pero éstos a última hora abonaron su deuda para evitar la venta de sus propiedades. Así, ayer, sólo se ponía a la venta la finca de Punta Grossa, con un precio de salida de 53.000 euros.

Quince personas (periodistas y cámaras incluidos) seguían con cara de tahúr las instrucciones del gerente de Gestimpost, la empresa que gestiona la recaudación de impuestos en el municipio. Para empezar, el alcalde abrió un plazo de 30 minutos para que todo aquel que quisiera pujar por el terreno pusiera sobre la mesa un aval del 20 por ciento del precio de salida (11.000 euros). Los interesados se hicieron esperar hasta el último momento. Hasta el alcalde tuvo que recordar que el aval se devolvía a aquellos que se quedaran fuera de la compra. Las palabras de Carraca alentó a sólo dos personas, que se levantaron entre el público para presentar ante el representante de Gestimpost el aval que les daba derecho a pujar por el terreno.

Abierta la licitación, nadie abrió la boca para subir la oferta en tramos de 600 euros, lo que obligó a abrir una segunda licitación reduciendo el valor de salida un 25 por ciento (40.116 euros). Esta rebaja tampoco bastó para que ninguno de los dos interesados pujara por la compra del terreno, por lo que la subasta quedó desierta. El gerente de Gestimpost informó que ahora se abre un periodo de seis meses para que cualquier persona que esté interesada presente una oferta (superior a la deuda contraída con la hacienda municipal) ante el Ayuntamiento de Sant Joan. Al parecer, la presunta ganga no lo es tanto, lo que explica que nadie quisiera aumentar el precio de salida. El terreno se encuentra en suelo urbano, pero sólo tiene una superficie de 975 metros cuando para construir la parcela debe tener una dimensión mínima de 1.000 metros cuadrados. Además, en la finca colindante al terreno subastado se alzan antenas de telefonía móvil.