El Ministerio de Medio Ambiente ha sacado a concurso público, por
un valor total de 200 millones de euros, las cuatro plantas
desaladoras que aprobó para Balears (Ciutadella, Alcúdia, Andratx y
Santa Eulàlia) pese a contar con la oposición del Govern de les
Illes Balears, que da prioridad a infraestructuras hidráulicas
complementarias para garantizar el suministro de agua.
El valor de las cuatro desaladoras debe ser financiado
íntegramente por la Unión Europea. El alto coste de estas plantas
de tratamiento se debe a que el concurso incluye su explotación
durante 15 años con un volumen determinado de agua a suministrar,
oscilando entre 10.000 y 14.000 metros cúbicos diarios.
El director general de Recursos Hídrics, Antoni Rodríguez Perea,
ha expresado su disconformidad con el procedimiento del Ministerio
de Medio Ambiente (dirigido ahora por Elvira Rodríguez tras suceder
a Jaume Matas) al considerar que «la aprobación de las desaladoras
vulnera el propio Estatut, que atribuye a la comunidad autónoma las
competencias exclusivas en gestión del agua. Por eso vamos a
presentar ante el Ministerio un requerimiento al llevar adelante
actuaciones sin un acuerdo con el Govern. Si tampoco así hay
respuesta, plantearemos un conflicto de competencias».
Rodríguez rechaza que estas desaladoras sean necesarias: «Con sa
Costera [en Mallorca], cuyas obras no se han iniciado, los pozos
que se han abierto en Ciutadella y las nuevas arterias de
conducción de agua en Mallorca, en el eje Palma-Alcúdia, y en
Eivissa, con la interconexión de las dos plantas existentes, es más
que suficiente para garantizar el suministro». Estas cuatro
desaladoras son excesivamente caras. Con 200 millones de euros se
podrían realizar numerosas infraestructuras hidráulicas mucho más
eficientes.
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