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LAURA FERER ARAMBARRI
La Plataforma por la Convivencia de Eivissa manifestó ayer su «rechazo total» a la reforma de la Ley de Extranjería que hoy aprueba el Gobierno en el Consejo de Ministros por la vía de urgencia. La reforma supone, entre otras cosas, que se podrá usar la información del padrón municipal a efectos de control de la inmigración y que se forzará a las compañías aéreas a facilitar listados de pasajeros para comprobar quien ha entrado con un visado de turista y no se ha ido a los tres meses. Estas medidas son, para la Plataforma, «un refuerzo del mensaje del Gobierno de criminalización de la inmigración».

Las asociaciones afirman que el Gobierno ha utilizado «su poder» e «influencia en medios de comunicación» para «asociar los incrementos de delitos a la inmigración». Por eso dicen que el anuncio de la reforma de la Ley de Extranjería para endurecerla, justo antes de elecciones, «busca claramente el voto reaccionario». Para Carmen Duarte, portavoz de la Plataforma, el momento escogido para cambiar la ley «es puro oportunismo».

Por otra parte, los colectivos han anunciado que idearán un acto de protesta «llamativo» para después de las elecciones para que nadie les pueda tachar de estar movidos por intereses políticos. En la reunión de ayer estuvieron presentes Justicia y Paz, la asociaciones de inmigrantes de uruguayos, filipinos, argentinos y magrebíes; además del sindicato USO, y de los partidos PSOE e IU. Los colectivos insistieron en que la criminalización de los inmigrantes, las expulsiones y endurecimientos de las leyes «no son formas de solucionar el problema de fondo» y pidieron a los países que cuentan «con el poder y el dinero» que comiencen a sentarse a debatir soluciones reales para las personas que se ven obligadas a irse de sus países para «sobrevivir».