Torres, Palau, Fajarnés y Matutes durante la comparecencia pública de ayer en el Consell.Foto: VICENÇ FENOLLOSA

Entre los compromisos adquiridos «para los que no hay fondos» está la liquidación de las obras que se realizaron en la iglesia de Sant Miquel (10.600 euros), poder cumplir con un convenio con el Ayuntamiento de Formentera por el cual se autorizaba a que contratase un técnico de medio ambiente (10.000 euros), la sentencia que condenaba al Consell a abonar una cantidad sobre unas obras del recinto ferial (64.000 euros), facturas pendientes anteriores al año 2003 (204.908 euros), una inversión en seguridad del edificio del Consell (95.000 euros), otra para la residencia de Cas Serres (200.000 euros), obras en un polideportivo (75.000 euros), pagos sobre compromisos de carreteras (88.000 euros), en bienestar social (134.000 euros), compromisos de actividades deportivas (165.000 euros) y promoción cultural (60.000 euros).

También se llevará a pleno el gasto de 80.224 euros en transporte escolar, «ya que no se había seguido el trámite administrativo correspondientes como es la propuesta de gasto, el informe de intervención y aprobación por parte de la Conselleria d'Economía».

Dos proyectos que precisarán también una modificación de crédito para dos obras que están a punto de adjudicarse son el polideportivo de Can Coix (1'2 millones de euros) y la cobertura de la piscina de Sant Francesc (491.000 euros), de tal manera que en el año 2003 y 2004 se puedan acelerar al máximo las obras.

Palau no dudó al ayer afirmar que la institución está «en un impasse por lo que si no se hacen estas modificaciones no se podrá seguir el curso que el PP quiere llevar». También comentó que han quedado sobre la mesa «un montón de tema, necesidades apremiantes de determinados departamentos que están en partidas de casi 0 euros para acabar este año», asuntos que no se pueden solucionar «porque la modificación de crédito no se puede estirar todo lo que se desee».

Otra de las modificaciones de crédito que se llevarán a pleno será la creación de una partida para hacer frente al incremento del 2% de los salarios y a unos convenios sobre el personal que no estaban dotados de la partida económica necesaria, que es de 1'2 euros (200 millones de pesetas), cantidad que no cubre el remanente. Otra de las iniciativas versa sobre la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal para la tasa de tratamiento integral de residuos municipales.