El GEN, después de muchos años de lucha, se manifestó en 1999 ante las máquinas que en ese momento iniciaban la construcción del campo de golf de Cala d'Hort.

Los ecologistas recurrirán al tribunal europeo de Luxemburgo para evitar la construcción del campo de golf de Cala d Hort si finalmente la promotora retoma el proyecto en base a los cambios urbanísticos que tramita actualmente el nuevo gobierno autonómico del PP. La ex consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, que fue quien en agosto de 1999 dictó la orden de paralización de las obras del golf hasta la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), ya dijo en marzo de este año: «El campo de golf no se hará salvo que venga Matas y elimine los parques naturales». Y, en poco más de cuatro meses de gobierno, el ex ministro de Medio Ambiente y de nuevo presidente del Govern, ha puesto en marcha, a través de la criticada ley de acompañamiento de los presupuestos, la 'eliminación' de los parques naturales. El PP también levantará la moratoria de campos de golf que afecta sólo a las Pitiüses mediante la ley de medidas urbanísticas urgentes, que se aprobará en un plazo aproximado de dos semanas.

«El PP está levantando todo lo que imposibilitaba el campo de golf. Dejan la puerta totalmente abierta a su construcción», aseguró a este periódico Rosselló, tal como ya han manifestado el PSOE y Esquerra Unida (EU). Rosselló avanza que su partido, Els Verds-EU, presentará una queja formal ante la Unión Europea si finalmente se lleva adelante el proyecto, lo que atentaría contra la Directiva Hábitat de rango europeo, que, aunque no determina medidas de protección para la zona, reconoce los valores naturales de Cala d'Hort y obliga al organismo competente, en este caso la comunidad autónoma, a preservarlos. «Haremos lo que haga falta», subrayó. El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) también ha asegurado a este periódico que si hace falta acudirá «al tribunal de Luxemburgo» para denunciar la vulneración de la Directiva Hábitat. El propio presidente del Consell, Pere Palau, ha declarado que por culpa de esta directiva comunitaria no se podrá desarrollar el proyecto, pero los ecologistas recelan de ello. «El Gobierno es quien informa a la UE de los valores naturales, por lo que no nos extrañaría que el PP intentase cambiarlo», señaló la ex consellera Rosselló.