La Policía Turística, que verá la luz en el próximo mes de mayo, no cubrirá la demanda de 260 plazas que los ayuntamientos requieren y llegará únicamente a las 100, según informó hoy el conseller de Interior, José María Rodríguez Barberà, en la presentación del convenio firmado entre Interior y los ayuntamientos de Balears para la puesta en funcionamiento del nuevo cuerpo.

Los contratos de la Policía Turística tendrán la categoría de fijo discontinuo, con una duración de seis meses que se podrá alargar hasta nueve meses al año en 2005. La convocatoria de plazas se lanzará entre el 19 y el 21 de noviembre, y consistirá en un curso de 300 horas de formación que incluye un módulo de 80 horas de especialización en turismo.

Además, los nuevos policías podrán acceder a cursos específicos de inglés y catalán. Las funciones de los nuevos agentes se centrarán en la información y la prevención de pequeños delitos. «Se notará en la calle, en los robos que se producen en las zonas turísticas», señaló el conseller de Interior. El presupuesto para la puesta en funcionamiento de la Policía Turística ascenderá en su primer año a 1,3 millones de euros, de los cuales el 75 por ciento procede de la propia Consejería de Interior y el 25 por ciento restante de los ayuntamientos.

Por otra parte, los ayuntamientos de las Islas recibirán el año que viene 6,6 millones de euros del Govern con cargo al Fondo de Cooperación Municipal, lo que representa un incremento del 10,3 por ciento con respecto al fondo que presupuesto el Pacte.

Si el Pacte primaba los criterios de población y solidaridad, el Govern del PP ha decidido rebajar el reparto por criterios de solidaridad e incluir nuevas variables como el incremento de población, la renta municipal de cada ayuntamiento, ser municipio del interior de la isla o ser un municipio pequeño. El PP ha mantenido además los criterios de protección del territorio y núcleos de población. El conseller explicó que el Govern ha decidido eliminar a la FELIB del reparto de ayudas y aseguró que el reparto garantiza que ningún ayuntamiento percibirá menos que en los dos últimos ejercicios.