El juez del Juzgado de Instrucción número uno, Juan Carlos Torres,
considera que el concejal de Urbanismo, José Marí Ribas, Reganes,
no tiene que declarar como imputado en relación al caso de Los
Parques de es Cubells, tal como solicitó el Ministerio Fiscal,
porque no aportará nada nuevo. Así consta en la providencia dictada
por el juez decano el tres de enero y en la que también descarta la
declaración en calidad de testigo de los funcionarios de la sección
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep.
No obstante, el Ayuntamiento insiste en que se trata de un suelo
urbano consolidado. Incluso, el Consistorio reclama al Consell en
su escrito de alegaciones al PTI que «debería aceptarse de una vez»
la Delimitación y Estudio de Detalle aprobados para el suelo urbano
de es Cubells (SU 3.4), redactado, tramitado y aprobado en
cumplimiento del acuerdo del Consell de Govern de 9 de abril de
1987.
El fiscal solicitó la declaración del edil de Urbanismo y los
funcionarios de este departamento para aportar nuevos datos a la
investigación que lleva a cabo por un posible caso de corrupción
urbanística. En concreto, la Fiscalía instruye diligencias para
aclarar si las licencias de obra concedidas por el Consistorio para
la construcción de chalés en el acantilado de es Cubells son
conformes a derecho. El fiscal apunta que ningún instrumento
normativo considera esta zona como urbana, sino como «suelo no
urbanizable de especial protección».
Paradójicamente, el juez decano asegura en la providencia que
tampoco se debe descartar que más adelante, en función del
resultado de la instrucción, se estime oportuno imputar a las
personas señaladas. Por ahora, han declarado como imputados el
arquitecto y el aparejador municipal, así como el promotor y
arquitecto de las obras. Precisamente, fueron las declaraciones de
estas personas lo que llevó al fiscal a pedir luego la imputación
del concejal de Urbanismo y la declaración testifical de los
funcionarios del Consistorio.
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) fue quien denunció al
fiscal la construcción de las viviendas. La primera denuncia se
presentó en 1996 cuando los ecologistas tuvieron noticia de que el
conocido músico Mike Oldfield se construía una casa en esta zona.
Posteriormente el GEN puso en conocimiento de la Fiscalía la
concesión de decenas de licencias de obra en el ámbito de una zona
de máxima protección. El GEN sostiene que para ello el Ayuntamiento
se inventó suelo urbano ilegal.
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