Más de 50 afectados de ses Torres se concentraron ayer en el Ayuntamiento de Santa Eulària.Foto: SONIA GAITÁN

Cansados de esperar a que se levante el bloqueo a la urbanización de ses Torres, que afecta a más de 200 personas, los propietarios han decidido empezar a movilizarse y crear una asociación para reclamar que se ponga fin a una situación que dura ya varios años. Los actos de protesta comenzaron ayer con una concentración en la sede del Ayuntamiento de Santa Eulària que congregó a más de 50 personas para reclamar al equipo de gobierno municipal que conceda licencia de obras en ses Torres. En caso de que el ejecutivo local responda negativamente a esta petición, no descartan demandar ante los tribunales al Consistorio por daños y perjuicios y pedirle indemnizaciones que podrían llegar a los 60 millones de euros, según explicó Javier, uno de los afectados.

Los propietarios no consiguieron entrevistarse ni con el alcalde, Vicent Guasch, ni con el concejal de Urbanismo, Vicent Riera, para trasladarles sus demandas, aunque finalmente les atendió el letrado del Consistorio, que se comprometió a que Vicent Guasch les conceda una entrevista. «La postura del alcalde de salida es que mientras el Consistorio esté implicado en la causa penal no va a admitir ninguna licencia», explicó uno de los afectados que acudió a la protesta de ayer. El pasado febrero, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Eivissa denegó el levantamiento de la suspensión de las obras de la urbanización, impugnada ante el Juzgado por Esquerra Unida. La empresa promotora, Lloma Talamanca S.L., solicitó hace unos meses el levantamiento de la suspensión al amparo de la aprobación de las Normas Subsidiarias provisionales de Santa Eulària, que califican como urbanos los terrenos. Sin embargo, el juez consideró que existen «indicios suficientes de que existió infracción de las normas urbanísticas al tiempo de aprobarse el proyecto de urbanización (...) y la concesión de las licencias de parcelación urbanística».

Ahora, Lloma Talamanca ha presentado un recurso de reforma contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Eivissa por considerarlo «equívoco y erróneo».