Los servicios jurídicos del Consell reconocen que el Plan
Territorial Insular (PTI) no puede obligar a los ayuntamientos de
la isla a que reserven un 15 por ciento del suelo residencial de
los municipios a la construcción exclusiva de viviendas de
protección oficial, tal como recogía la versión inicial del
documento y presentó el equipo de gobierno como una de las medidas
más significativas.
El informe jurídico de las alegaciones presentadas al Plan
Territorial apunta que «falta legislación urbanística en Balears
para habilitar esta previsión». «El PTI no puede imponer tal
reserva con carácter obligatorio», dice el informe. Por ello, la
versión definitiva del PTI determina en su norma 39 que la reserva
del 15 por ciento de la superficie neta de suelo residencial para
viviendas sociales se llevará a cabo «previa modificación legal que
lo permita».
Así, esta norma se incluye en el paquete de determinaciones del
PTI que no podrán desarrollarse hasta que se reformen algunas
leyes. Precisamente, el Consell dio el visto bueno en el último
pleno, con el voto en contra del Pacte, a una propuesta de ley con
medidas urbanísticas específicas para las Pitiüses para que se
apruebe en el Parlament y que supondrá la modificación de 10 leyes
y decretos con el objeto de que se pueda desarrollar plenamente el
cuerpo normativo del PTI. Pero no será así puesto que esta
propuesta de ley no prevé ninguna modificación de la normativa
actual para que los ayuntamientos tengan la obligación de reservar
el 15 por ciento del suelo residencial a viviendas sociales.
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