El Juzgado de Instrucción número 1 condenó ayer de nuevo, en otro
juicio rápido, a José M. T., de 58 años, a una pena de 16 meses de
multa a razón de seis euros por día, lo que viene a ser un total de
2.880 euros (casi medio millón de pesetas), por quebrantar la orden
judicial que le prohíbe extraer arena de su finca Sa Païssa d'en
Marquet, sita en Cala d'Hort.
El fiscal también advirtió ayer al acusado, para el que está
pendiente un juicio por un presunto delito contra el medio ambiente
o daño grave contra el medio ambiente, de que en el caso de que
vuelva a ser condenado por saltar la medida cautelar pedirá su
ingreso en prisión hasta la celebración de la vista oral.
El acusado prestó declaración ante el juez decano de Eivissa,
responsable del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos
Torres, a petición del fiscal de medio ambiente tras una nueva
denuncia del grupo ecologista Amics de la Terra. El fiscal pidió a
la Guardia Civil hace unos días la detención de José M.T. en el
caso de que los agentes constataran que la actividad extractiva en
su finca no había cesado. Finalmente no hubo detención, aunque el
acusado ayer tuvo que prestar declaración ante el juez, al igual
que la presidenta de Amics de la Terra en Eivissa, Hazel Morgan, y
un vecino, que aportó algunas fotografías como prueba.
El fiscal ha pedido en su escrito de acusación una pena de
cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 30
meses a 12 euros por día por un presunto delito contra el medio
ambiente y, alternativamente en el caso de que no se demuestre,
otra pena de tres años y sanción económica de 20 meses a razón de
12 euros diarios, por un supuesto delito de daño grave contra el
medio ambiente. La condena de ayer sólo atañe al quebrantamiento de
la orden judicial de paralización de la actividad extractiva.
José M. T. declaró ayer a este periódico que no ha vendido
ningún camión de arena. Recordó que era su madre, ya fallecida, la
que llevó a cabo la extracción de áridos en la finca, y que, tras
heredar la finca, se ha limitado a allanar el terreno con camiones
de tierra para plantar almendros. En este sentido, el acusado
mostró al juez un permiso del Govern que le permite «la
recuperación del uso agrícola de la finca sin movimientos de
tierra». El acusado lamenta que no pueda «ni allanar los terrenos
de su propiedad».
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