Govern, consells y ayuntamientos estarán obligados a destinar a la
compra de suelo o a actuaciones ambientales y patrimoniales todos
los recursos económicos que obtengan de las sanciones por urbanismo
ilegal. Es uno de los aspectos más novedosos del borrador de ley
del suelo que la pasada semana presentó la consellera d'Obres
Públiques, Mabel Cabrer. En el caso de los ayuntamientos, deberán
destinar a este propósito al menos el 60 por ciento de sus
ingresos.
El anteproyecto recoge también la obligación de que el 30 por
ciento del nuevo suelo se destine a VPO, algo ya anunciado por la
consellera. Ante este aspecto de la nueva legislación, la
Asociación de Constructores de Balears, a a través de su gerente,
Manuel Gómez, advirtió que la iniciativa del Govern de que se
destine obligatoriamente ese 30 por ciento a las VPO tendrá
repercusiones escasas y no resolverá el problema de acceso a los
pisos existente actualmente si no se modifican los planes
territoriales aprobados por los consells y se incrementa el límite
de desarrollo fijado.
Otra de las novedades más significativas de la ley es la cesión
de competencias a los consells para que sean las instituciones
insulares quienes actúen de primera mano cuando se producen obras
ilegales. Para ello, la actual figura del interés general se
sustituye por las llamadas «autorizaciones territoriales», que
permitirán actuar a las instituciones en casos de indisciplina.
El proyecto ya redactado por el equipo de Mabel Cabrer regulará
los planes de reconversión territorial y obliga a elaborar un
reglamento que regule cómo se harán estas reconversiones. No
obstante, el director d'Ordenació del Territori, Jaume Massot, dejó
claro que la reconversión se entenderá como una carga para quien
disponga de los nuevos aprovechamientos urbanísticos.
La consellera d'Obres Públiques presentará hoy el borrador de la
ley en la Mesa de Vivienda y se abrirá, acto seguido, el periodo de
alegaciones al anteproyecto, que se extenderá unos veinte días.
Cabrer quiso destacar que el objetivo de esta normativa es que
el Estado deje de regular el suelo en Balears, como ocurre en la
actualidad. Asimismo, sobre si la futura ley del suelo afectará al
precio del mismo en la Comunitat Autònoma, Cabrer recordó que dicho
precio «es libre» y sólo está fijado un precio máximo para las
calificaciones de VPO. «La ley del suelo no es una fórmula mágica
para bajar el precio de la vivienda», explicó.
A pesar del enorme volumen de leyes que acumula en la actualidad
el Parlament de les Illes Balears a la espera de su tramitación, la
consellera confió en que ésta pueda iniciar su debate en la cámara
el próximo mes de mayo y se logre que ésta salga adelante antes del
fin de la presente legislatura.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.