Una sentencia deja en el aire la protección de ses Feixes al anular el BIC

El juez se basa en motivos formales para anular esta figura de protección, sin entrar en el fondo, y se basa en la caducidad del expediente. La ley de patrimonio dispone que cuando se inicia el procedimiento para declarar un BIC se deberá aprobar en un plazo de 20 meses. El Consell decidió en pleno ampliar este periodo de tiempo en cuatro meses más, pero notificó este acuerdo a los interesados fuera de plazo. Por todo ello, el juez considera que se infringieron sus garantías, ya que la ampliación se acordó en diciembre de 2002 y no se informó de esta decisión a los propietarios hasta el 20 de marzo de 2003.

La protección de ses Feixes queda, por tanto, en el aire, ya que hasta pasados tres años no se puede volver a iniciar el expediente de BIC a no ser que lo pida el titular del bien.

El Consell no se quiso pronunciar ayer sobre las medidas que emprenderá y tampoco aclaró si recurrirá esta decisión judicial. «Ahora tenemos que estudiar este caso tan grave para la economía y el urbanismo de la ciudad de Eivissa y también parte de Santa Eulària; no quiero pronunciarme atropelladamente ni mucho menos y la situación será estudiada por los servicios jurídicos y de urbanismo», explicó ayer el conseller portavoz, Joan Marí Tur, que arremetió contra la forma en la que el Pacte llevó a cabo las declaraciones de BIC cuando gobernaba la institución. «Hemos repetido una y mil veces que declarar un BIC no es una acción que se pueda hacer de manera atropellada como se hacía en tiempos del Pacte; se tiene que hacer de acuerdo con la ley», añadió Marí Tur, que acabó sentenciando que «el tiempo pone a cada uno a su sitio».