El Ministerio de Economía y Hacienda está estudiando el desarrollo del reglamento necesario para poder aplicar un recargo de hasta el 50% sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), contemplado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en el caso de las viviendas que se encuentren desocupadas, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.

Este desarrollo de la ley aprobada por el PP en 2002 pasa por definir qué es una vivienda vacía para poder discriminar sobre qué viviendas se aplicará la medida. Así, la norma establece que «tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del impuesto». Desde Hacienda se apunta que por el momento se está estudiando el desarrollo de esta regulación, que quedó pendiente tras la salida de los populares del Gobierno. Asimismo, fuentes ministeriales afirmaron que el gabinete dirigido por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha buscado referencias de normas similares en la legislación de otros países, europeos y no europeos, si bien no ha encontrado una regulación similar en ninguna de ellas.

Desde la inclusión en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de este posible recargo, muchos ayuntamientos, entre ellos los de Madrid y Barcelona, se han mostrado favorables a la adopción de esta medida, si bien su aplicación se ha visto frenada por las dificultades derivadas de la falta de una definición concreta de lo que es una vivienda vacía. IU-ICV solicitó en septiembre de 2005 en el Congreso una modificación de la vigente ley para permitir a los ayuntamientos aumentar el gravamen del IBI para favorecer el alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.

Paralelamente, las comunidades autónomas se han propuesto movilizar el parque de viviendas desocupadas introduciendo medidas en sus planes de vivienda, como en el caso de Cataluña con el polémico proyecto de ley aprobado por el Gobierno autonómico por el que se podrían expropiar temporalmente viviendas deshabitadas. El último caso ha tenido lugar en el País Vasco, donde se está estudiando incorporar al anteproyecto de Ley de Vivienda de la Comunidad una medida por la que los propietarios de viviendas que permanezcan vacías tendrán que pagar un canon de 9 euros al día.