C. R.
El Govern ya ha hecho sus cálculos y si cada municipio de las Pitiüses cede el 30 por ciento del nuevo suelo residencial, tal y como obliga una ley de reciente aprobación, se podrán construir en la próxima década un total de 1.216 viviendas de protección oficial.

Según cifras facilitadas por la Conselleria d'Obres Públiques, Transports i Habitatge del Govern balear, el municipio más beneficiado con esta medida sería el de Vila, donde se podrían levantar un total de 589 viviendas de este tipo. Le siguen Sant Josep, con 261 y Santa Eulària con 225. Estas cifras se han calculando tomando como base el crecimiento previsto por el Plan Territorial Insular (PTI), aunque no son exactas, ya que habrá que esperar a la adaptación de las normativas urbanísticas de los ayuntamientos para saber con exactitud cuál es el 30 por ciento del nuevo suelo residencial que se prevé.

Según este primer estudio, los municipios que menos viviendas de protección oficial tendrían, debido a su menor crecimiento urbanístico, son Sant Antoni con 73 pisos, Sant Joan con 21 y Formentera con 47.

En una visita que hizo recientemente a Eivissa la consellera balear d'Obres Públiques, Transports i Habitatge, Mabel Cabrer, anunció que el número de viviendas que se podrían construir con esta nueva normativa a largo plazo era de 2.000, aunque desde la Conselleria han reconocido recientemente que esta cifra se dio por error y que los cálculos efectuados son algo menores.

La posibilidad de reservar suelo para VPO se ha dado tras la aprobación de la Ley de régimen municipal, que obliga a todos los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes de Balears a modificar sus planes generales y normas subsidiarias para incluir la cesión de un 30 por ciento del nuevo suelo residencial a viviendas de protección oficial. En su día, la consellera Cabrer dijo que si no se hubiese hecho esta ley, el Govern estaba «abocado al fracaso» para hacer vivienda de promoción pública, ya que en cuatro o cinco años se veían prácticamente sin suelo para desarrollar. De hecho, la consellera se ha lamentado en múltiples ocasiones del poco suelo que han puesto a disposición los municipios para construir obra pública.