Asimismo, Josep Antón Grau, que ocupa varios cargos en la Generalitat de Catalunya, y Sebastián Vives, familiar del anterior y propietario de la nueva concesionaria de la dársena de Cala Corral, Life Port, deberán comparecer a principios de junio ante un juzgado de Barcelona, por tener domicilio en la Ciudad Condal. De esta manera, la declaración de estos dos denunciados se realiza vía exhorto, es decir por petición del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, a quien se le remitirá las declaraciones y documentación pertinente, según comentó el abogado representante de la empresa Coralmar S.L.
La querella interpuesta por Coralmar S.L., concesionaria del puerto de Cala Corral desde 1973, denuncia el supuesto trato de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos del director general de Costas ante la tramitación del concurso de la concesión de la dársena situada en el municipio de Sant Josep.
La empresa Coralmar S.L. señala que Life Port contó con informaciones privilegiadas por parte de Fernández para ganar el concurso, tal y como se intuye de una carta de agradecimiento remitida por Grau y Vives al departamento de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
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