Extracción de agua de un pozo situado junto a una vivienda unifamiliar en suelo rústico.

JOAN J. SERRA La Conselleria de Medi Ambient autorizó, durante la pasada legislatura, la perforación de casi 2.500 pozos para usos residenciales (doméstico y riego de pequeños huertos o jardines) en suelo rústico.

Concretamente en ese período (con Jaume Font como conseller en el Govern del PP), se tramitaron 2.587 expedientes de solicitud de autorización de explotación de aguas subterráneas para usos residenciales en suelo rústico. De éstos, 2.428 fueron resueltos y casi todos ellos, de manera favorable, según ha explicado a este periódico el actual director general de Recursos Hídrics, Isidre Cañellas.

El director general indicó que «estas autorizaciones se enmarcan en las concesiones contempladas por el Pla Hidrològic de les Illes Balears y normativas y decretos que, para estos casos, permiten la extracción de hasta 7.000 metros cúbicos anuales de agua, aunque lo más habitual es que sólo se les conceda la extracción de entre 200 y 600 metros cúbicos anuales, en función de sus auténticas necesidades. Otro factor a tener en cuenta es que un acuífero puede tener problemas de contaminación, salinización o, simplemente, contar con escaso recurso, por lo que sería posible aplicar restricciones o limitaciones aún mayores en las extracciones».

Durante el mismo período, se resolvieron 25 expedientes para la perforación de pozos para uso agrícola, industrial o de abastecimiento. En estos casos, son posibles extracciones superiores a los 7.000 metros cúbicos anuales de agua. Isidre Cañellas señaló que casi todos estos expedientes también fueron resueltos de forma favorable para los solicitantes.

Asimismo, entre 2003 y 2007 se han tramitado 595 expedientes de solicitud de autorización para la perforación de sondeos a petición de particulares y otros 1.440 expedientes de autorización de instalaciones eléctricas para la extracción de agua, igualmente a petición de particulares.

Cañellas destacó que «una cuestión importante es la inclusión de los pozos existentes en el Catàleg d'Aigües Privades, donde deben registrarse todas las concesiones de extracción. En la pasada legislatura se tramitaron 167 solicitudes de inclusión en el catálogo. Actualmente, hay registrados en Balears 25.683 pozos con autorizaciones que se remontan a 1916. Calculamos que quedan unos 10.000 por catalogar, es decir, que son 'catalogables', mientras que de otros 5.000 no habría datos y están, por decirlo de alguna manera, fuera de control. De esta manera, en el conjunto de las Islas habría, entre registrados y no registrados, unos 40.000 pozos».

El director general añadió que «el plazo de cuatro años para inscribirse en el catálogo acaba ahora, por lo que vamos a iniciar una nueva prórroga de otros dos años. Precisamente, hemos mantenido contactos con las empresas de perforación para colaborar en el control y la inscripción de nuevos pozos. Se trata de evitar la competencia desleal de empresas 'fantasma' y la picaresca de nuevos pozos sin ningún tipo de control.