El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa tomará hoy declaración como imputados y denunciantes a los once antiautopistas que fueron detenidos el 20 de junio de 2006 en Can Malalt por la Guardia Civil tras oponerse a la destrucción de su camino de acceso. Entre los detenidos estaba el entonces diputado autonómico Miquel Ramon, ahora conseller insular d'OrdenaciTerritorial; la actual diputada de Eivissa pel Canvi, Marian Suárez; el vicepresidente y conseller de Mobilitat, Albert Prats, y el director de Patrimoni del Consell, Josep Maria López Garí. El martes continuarán las declaraciones por este caso, en la que también está imputado el ex capitán de la Guardia Civil en las Pitiüses, Fructuoso Jiménez.
La Guardia Civil detuvo por un delito de desobediencia a los once activistas que se oponían a la destrucción del único camino que lleva a Can Malalt. Miquel Ramon, entonces parlamentario, no mostró su credencial y fue trasladado al cuartel de Sant Antoni junto a los demás. Fue el primero en salir, ya que, según figuraba en su credencial de diputado, no puede ser arrestado «salvo delito flagrante». El propio delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socias, le llamó para disculparse tras la detención. De hecho, Socias solicitó entonces una investigación en el seno de la Guardia Civil para aclarar las circunstancias en las que se había producido esa detención.
La declaración de los once activistas cobra más interés ahora que prácticamente la mitad de ellos han sido nombrados altos cargos del Consell o han sido elegidos como diputados en las pasadas elecciones.
Entre los activistas que se opusieron al paso de las máquinas ese día estaban, además de los mencionados, la ex consellera Fanny Tur, el expropiado Antoni Planells 'Malalt', la ecologista Neus Prats y el activista Marcos Lluy.
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