23/09/07 0:00
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JOSÉ LUIS MONTOYA La historia se repite. Hace ocho años el Ministerio de Medio Ambiente planteó una definición del deslinde de la Demarcación de Costas para Sant Joan que no gustó a los afectados por no ajustarse en su totalidad a la realidad de este núcleo. Ahora, el Ministerio vuelve a la carga presentando un documento que no recoge las alegaciones planteadas en su momento y que difiere poco del que elaboró en 1998 y que, además, incorpora (expropia) más territorio para la Zona Marítimo Terrestre propiedad del Estado. El centro de la polémica "al margen de errores en relación al Reglamento de Costas" se sitúa en la calificación que el Estado hace de los núcleos de población de Portinatx, Cala Sant Vicent y Port de Sant Miquel, que se incorporan dentro de la zona de protección de 100 metros al considerar que no son zonas urbanas.

Esta es la tercera ocasión en que la Demarcación de Costas intenta definir el deslinde costero de ese municipio "la primera vez fue en 1995 y la segunda tres años después" y no parece que lo vaya a tener fácil. La coordinadora de afectados está ya movilizada y calcula que volverá a presentar las 130 alegaciones que hizo en su día al texto. Una buena parte de su argumentación girará en torno a la defensa del carácter urbano de los núcleos de población anteriormente citados para que queden fuera de la franja de protección costera de 100 metros. Como ya hicieran en 1998, los afectados volverán a recordarle a la Administración que la Ley del Suelo y el decreto 16/81 establecen que no es necesario que existan planes parciales sobre esas zonas para ser consideradas urbanas si se cumplen los siguientes requisitos: acceso rodado, encintado de aceras (bordillos), suministro eléctrico, evacuación de aguas residuales y la existencia de 2/3 del territorio consolidado; requisitos que sostienen que se cumplen desde antes de que se planteara el proyecto de deslinde de 1998.

A este respecto, el Consell Insular d'Eivissa, atendiendo a un requerimiento de Costas, ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Joan que acredite la veracidad de esas afirmaciones.

Sin embargo, no es la única cuestión que ha generado polémica. La inclusión de más territorio en la zona de protección y los criterios seguidos para la misma también forman parte de las quejas de los afectados, que por boca de Tomás Suárez, aseguran que están a favor de un deslinde, pero siempre que no esté «hecho con los pies».