G.ROMANI El conseller de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, Vicenç Thomàs en presencia del presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, inauguró ayer en la Savina el Punto de Información Telemática al Consumidor, el primero que se pone en marcha en Balears, de los siete previstos por la conselleria, mediante el que se pueden cursas reclamaciones por internet a los países de la Unión Europea y que se tramitan a través del Centro Europeo de Madrid o en los países de origen de los reclamantes.

Thomàs destacó que el Punto de Información es una terminal telemática del Centro Europeo del Consumidor, CEC, desde el que cualquier consumidor tiene acceso a informaciones relativas a sus derechos, a mejor manera de defenderlos y a las herramientas de asistencia y ayuda que la UE pone a su alcance en el estado miembro en el que se encuentre. Forma parte de una red europea, la ECC-Net del CEC, organismos y entidades similares en su funcionamiento, competencia y objetivos y cuya finalidad es garantizar que cualquier consumidor europeo, en cualquier estado miembro, disfrute de la misma protección y calidad de la información, asistencia y ayuda cuando sus derechos se hayan visto conculcados.

Como explicaron Thomàs y director general de Consum, Diego González, su mayor utilidad es permitir reclamaciones a través de la red que el terminal envía a la central del CEC en Madrid cuyos asesores son los encargados de tramitar las reclamaciones y ejercer el papel de mediador entre proveedor y consumidor. La intermediación se centra de forma muy especial en mal servicio o a productos defectuosos que presente un español contra un establecimiento o empresa situada en otro país de la UE o bien cuando un consumidor de la UE quiera presentar una queja contra un servicio o producto de una empresa española. En el caso de un español que quiera presentar una queja contra una empresa española debe dirigirse a las oficinas de Consumo municipales o autonómicas o al Instituto Nacional de Consumo; y en este sentido Thomàs dejó claro que en el caso de que Formentera quiera tener una Oficina de Defensa del Consumidor, la responsabilidad de crearla es de las instituciones de la isla, pero que el Govern balear colaborará para tenga el apoyo logístico necesario.