J. L. M. El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sant Josep solicitó ayer la convocatoria de un pleno extraordinario para someter a aprobación la creación de una «comisión de seguimiento y control de las declaraciones» que el alcalde, Josep Marí Ribas, haga en el proceso judicial en el que está imputado. La portavoz del PP en ese ayuntamiento, Encarna Castro, así lo dio a conocer ayer en una rueda de prensa en la que recalcó que su grupo no pedirá la dimisión del alcalde «siguiendo nuestra política de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario».

Tras remarcar que su grupo tiene «confianza» en la Justicia, Castro hizo hincapié en que su grupo representa a la mitad de la población de Sant Josep, y que por ello merece conocer todo lo que tenga que ver con el desarrollo del proceso judicial y sus posibles repercusiones sobre la gestión municipal. «Queremos saber de primera mano, qué día va a declara, qué tiene que declarar, qué sospechas hay, que ha sucedido o, en el caso de una inhabilitación, quien lo sustituiría, en qué manos quedaría el Ayuntamiento y en qué condiciones».

A ese respecto, el concejal Vicent Torres aludió a la «bicefalia» que, según el PP, se está produciendo en estos momentos en la toma de decisiones del equipo de gobierno. Torres aseguró que algunas decisiones del alcalde son contradichas por la concejala Paquita Ribas, quien parece haberse posicionado la segunda en la línea de poder, saltándose a otros tenientes de alcalde situados antes en la lista electoral, como Àngeles Mostazo o Josep Antoni Prats.

«Hay que tener en cuenta que no sólo gobierna un grupo, sino una coalición formada por dos grupos que tienen ideas y códigos éticos diferentes», añadió Encarna Castro para recordar que desde Eivissa pel Canvi se planteó en su momento «una norma ética aceptada por el PSOE, por la cual no se mantendría en el cargo a una persona imputada o sospechosa de estarlo en alguna causa judicial».