Desde la Cámara pitiusa denunciaron ayer un incumplimiento de la ley que regula dicha separación de bienes, al diferenciar el procedimiento de tasación entre los bienes de Palma y los de las Pitiüses con un elemento diferenciador claramente favorable a Mallorca. Así, mientras que la ley establece que todos los bienes inmuebles deberán ser tasados a precio de mercado, esta norma sólo se aplica en el caso de Eivissa y Formentera, mientras que en lo que respecta a la sede de Palma la tasación se ha hecho según valor de reposición, lo que ha arrojado un precio de dicha sede muy por debajo de su valor real.
La consecuencia de todo ésto "para algunos, el objetivo de una maniobra estratégica" es que las Pitiüses perderán alrededor de un millón de euros en el reparto de capital que se producirá como consecuencia de la separación de ambas cámaras. Así, la tasación a la baja de la sede central de Mallorca arroja un valor catastral de unos 4'5 millones de euros, muy por debajo de la realidad, dada su excelente ubicación y las características del inmueble. En ese sentido, los empresarios pitiusos han encargado un estudio a dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid que pone de relieve que dicho valor superaría los 14'5 millones de euros.
El reparto de bienes y dinero se llevará a cabo aplicando un porcentaje de representatividad, que en el caso de la cámara pitiusa es del 16 por ciento. Por ello, aplicando el valor tasado actualmente de la sede mallorquina, las Pitiüses percibirían algo más de dos millones de euros, de los que uno sería capital líquido. Sin embargo, de haberse efectuado una tasación conforme a lo que marca estableció el Govern "a precio de mercado" el 16 por ciento de representatividad le habría reportado un millón más a la Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera.
El presidente de la cámara pitiusa, Joan Tur Ripoll, aseguró ayer en rueda de prensa que el colectivo que representa está «bastante intranquilo y muy preocupado por esta situación». Tur Ripoll no quiso aventurar qué determinación tomará la Cámara pitiusa, en espera de una reunión con sus asociados. Sin embargo, sí aventuró que reclamará una tasación de dicho inmueble «a precios actuales», en aplicación del artículo 29 de la ley que regula la segregación. Éste es el único conflicto en una separación de dos cámaras que, por otra parte, ha sido complicada, ya que habían permanecido unidas desde 1922 sin que el acuerdo resultara enteramente satisfactorio para los socios pitiusos.
Ahora, a la espera de la respuesta que deberá dar a Mallorca sobre esta propuesta de acuerdo, la Cámara pitiusa plantea que una empresa o entidad externa haga una nueva tasación que mejore el importe que percibirá del reparto de bienes.
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