J.M.ALONSO El grupo municipal del PP de Vila denunció ayer por boca de la concejala Virtudes Marí «la especulación urbanística» que el Gobierno pretende llevar a cabo con los terrenos municipales cedidos a la Administración central para la construcción de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Marí, en conferencia de prensa, advirtió de que el Ejecutivo mantiene paralizado el proyecto a la espera de la recalificación urbanística de la parcela colindante en el PGOU de Vila, lo que permitiría al Ministerio del Interior financiar todo el proyecto con los fondos obtenidos de su venta. Acerca de esto, el ex director insular José Manuel Bar, del PSOE, acusaba en su momento al PP de paralizar en el Consell Insular, cuando gobernaba Pere Palau, el PGOU de Vila con la supuesta intención de impedir la construcción de la nueva Comisaría, cuyo proyecto está redactado y no se ajusta al plan vigente sino al que se espera que se apruebe en breve en la máxima institución insular. Al respecto, Marí dijo que si el PSOE no pretendiera realizar la operación que ayer denunció, no sería necesario modificar el PGOU para construir la nueva Comisaría.

Marí afirmó que su grupo no está dispuesto a permitir que se hagan recalificaciones «para que el Estado pueda vender unos solares que se le entregaron gratuitamente por parte de la ciudad». Marí ha asegurado que, de llevarse adelante las pretensiones de la Administración central, «los ciudadanos de Eivissa acabarían pagando la Comisaría». La idea del PSOE es dividir en dos el terreno en el que actualmente se ubica la Comisaría y una de las partes de este terreno público (marcado como EO-4 en el gráfico) dedicarla a la construcción de pisos, con cuya venta se sufragaría la construcción del edificio policial.

Ante esto, Marí dijo que Vila merece que la Comisaría se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, sin recalificar «más del 50% del solar que el municipio cedió a la Administración para que tengan dinero para hacer la obra».

Según Marí, Interior ha solicitado la segregación de la parcela que el Ayuntamiento le cedió para la construcción de la nueva Comisaría, de tal forma que el nuevo PGOU recalificará más del 50% de los terrenos como urbanizables, con la posibilidad de construir bloques cuatro alturas (más planta baja). Para ella, esto es una «vergüenza»: «Que lo único que se le ocurra al Estado para construir una Comisaría nueva es hacer un proyecto cuyo requisito imprescindible para que se ejecute es que hay que vender la mitad de la parcela que tienen para poder hacer el edificio».

Marí asegura que la operación resulta aún más grave teniendo en cuenta el déficit de solares públicos que tiene el municipio, necesarios para dotar a la ciudad de infraestructuras y de mayor número de viviendas sociales.