C. Roig22/03/08 0:00
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Continúan saliendo a la luz propietarios de Roca Llisa afectados por la Ley de medidas urgentes de protección del territorio que está tramitando el Govern. En este caso se trata de los dueños de una zona conocida como 'La Guitarra', formada por 20 parcelas de 2.000 metros cada una valoradas en millón y medio de euros. En estas 20 parcelas sólo hay un par de viviendas construidas, aunque hay por lo menos «cinco licencias concedidas» bien físicamente o por silencio administrativo, tal y como asegura el abogado Jaume Roig, que se encarga de la defensa de los propietarios.

En este caso la moratoria que aprobó el Govern no ha paralizado ninguna obra porque no se habían iniciado, aunque Roig asegura que 'La Guitarra' forma parte del «núcleo embrionario» de la urbanización de Roca Llisa. Además, está rodeada de calles, cuenta con todo el alcantarillado acabado y sus propietarios «pagan la contribución», además de que en su día cedieron zonas verdes.

«La protección de esta zona no tiene sentido salvo que esté inducida por intereses inconfesables», explicó el abogado, que considera que un lugar así nunca puede ser calificado como Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) como pretende el Govern, porque todo su entorno «está urbanizado». «Es una zona completamente cerrada por calles», añadió el letrado, que recordó que toda aquella zona era urbana desde 1971. «Acotarla como ANEI cuando está rodeada de alcantarillado y circulación de vehículos no puede ser posible porque no tiene interés ambiental ni paisajístico», cree Roig, que indica que esta ley es «descabellada» porque se hizo a través de fotos aéreas.

Aparte de 'La Guitarra', el despacho de este abogado también defiende a los propietarios de la urbanización Bel Air, formada por 39 parcelas y con un proyecto de urbanización prácticamente terminado. De hecho, el Govern ya ha mostrado su interés en dejar fuera de la protección este conjunto de parcelas por los elevados costes que puede representar en indemnizaciones. En este caso, Roig confía en que se respete la licencia de la urbanización porque está «prácticamente desarrollada» y porque está «mucho más acabada» que ses Roques Males (Cala Comte), que el Govern no quiso proteger por las indemnizaciones que podría generar.

Según el letrado, la Administración no puede conceder una licencia y a posteriori aprobar una ley de protección sobre el terreno porque ya se ha actuado sobre la zona. «Está fuera de lugar, no tiene sentido volver atrás porque ya son terrenos consolidados».

El Govern ya ha dejado también fuera de la protección tres mansiones de Roca Llisa prácticamente terminadas.

Los propietarios de Benirràs afectados por la Ley de medidas urgentes de protección del territorio se reunirán con el presidente del Consell, Xico Tarrés, el día 31 para informarle de su situación y «recabar su eventual apoyo». Estos afectados han decidido reunirse con Tarrés después de mantener un encuentro con el conseller de Política territorial del que salieron muy poco satisfechos. «Tuvimos muy mala sensación porque el conseller parte de una base errónea no ajustada a la realidad jurídica», indicó el abogado Jaume Roig, que indicó que Ramon mantuvo «una posición cerrada».

Roig recordó que los propietarios de Benirràs no son «promotores capitalistas» que desarrollan actividades «pura y exclusivamente económicas y especulativas», sino que se trata de una suma de propietarios de la zona que han guardado aquellos terrenos «como seguro». «Queremos que se tenga en cuenta esta realidad social y que no se les dé este cariz casi criminal», indicó el letrado, que recordó que entre los propietarios hay personas hipotecadas. Roig calcula que en la zona hay más de diez licencias concedidas.