El Ayuntamiento de Sant Antoni solicitará a todos los titulares de instalaciones radioeléctricas del municipio que presenten sus proyectos debido a que deben tener el visto bueno del Ministerio de Salud. Esta iniciativa surge de una adhesión que acaba de realizar el Consistorio a la «Carta de buenas prácticas en telecomunicaciones», redactada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): un modelo de ordenanza que fija los criterios que deberán cumplir este tipo de instalaciones, tanto en lo que respecta a la regulación de las condiciones urbanísticas y de protección ambiental como de seguridad.

Según explicó el alcalde, José Sala, el tema de las antenas es conflictivo «porque entran en colisión dos derechos claros: por un lado, si son perjudiciales para la salud hay que evitarlas pero, por el otro, hay que proteger el derecho a los ciudadanos a tener comunicaciones».

En este sentido, el alcalde remarcó que no éste es sólo un problema en Eivissa, sino «en toda España y probablemente en el mundo» y remarcó que llevan «meses investigando qué hacer en estos casos». «Por fin sabemos cómo actuar», agregó Sala sobre la carta de buenas prácticas en telecomunicaciones. «Ahora sabemos que estas antenas deben tener un proyecto aprobado por el Ministerio de Sanidad donde se establece lo lejos que han de estar de la población para no causar ningún daño» destacó Sala, que quiso remarcar que el Ayuntamiento ya ha comenzado a pedir esta información a los titulares de antenas. «A la vista de los resultados actuaremos en consecuencia», agregó.

La adhesión a este proyecto enfocado a informar a los ayuntamientos cómo actuar con respecto a las instalaciones radioeléctricas fue aprobado por unanimidad en un pleno celebrado el miércoles. Allí se acordó también una subida del 12% en el precio del agua, sin el apoyo de la oposición, así como reducir un 2% el precio de los recibos municipales a partir del 2009 en todos aquellos recibos que sean domiciliados en cuentas bancarias. Además, el grupo PSOE-ExC y el equipo de gobierno acordaron convocar a un foro de Agenda Local 21; controlar el paso de los camiones de gran tonelaje por el centro del pueblo y extender la red Wi-Fi a zonas del ámbito municipal que no tenga cobertura telefónica.

S. P.

El solar de sa Graduada sigue siendo la única propuesta que está encima de la mesa para ubicar el nuevo edificio de los juzgados y lo es, fundamentalmente, porque el Ministerio de Justicia no dispone de toda la información que precisa para poder evaluar la propuesta, según explicó una portavoz ministerial, si bien desde Vila se aseguró que los datos requeridos fueron entregados el miércoles.

«No se ha decidido porque el Ayuntamiento no ha aportado toda la información pertinente», añadió la misma fuente, quien aseguró que los datos que faltaban «están relacionados con los planes urbanísticos que afectan al solar presentado en el centro de la ciudad». «Necesitamos saber exáctamente en qué situación está la zona y de qué edificio estamos hablando, en especial en lo que respecta a la capacidad de edificación», concluyó.

Desde el Ayuntamiento de Vila se matizó que la información requerida había sido entregada, «según consta en el registro de entrada y por conversaciones telefónicas», el pasado miércoles.

«En mayo, el Ministerio nos pidió información adicional sobre el solar de sa Graduada, en unos días les contestamos y, dos semanas después, se nos pidieron aclaraciones sobre la edificabilidad del solar y el espacio que habría disponible para los nuevos juzgados, datos que les entregamos el día 18 de junio», explicaron las mismas fuentes.