La nueva Ley de Comercio de Balears impedirá que se creen en las islas grandes centros comerciales en zonas del extrarradio de los municipios aunque eso no significa que se vaya a limitar la entrada de grandes firmas en las Islas puesto que no se podrán poner trabajas «por criterios económicos» a la implantación en zonas urbanas.
El borrador de esta nueva normativa, que ayer se presentó a la Asociación de Comercio Minorista (ACM) de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) para que pueda presentar propuestas para su modificación, «defiende la idea básica de un modelo de comercio ubicado en núcleos urbanos, alejado del de los centros comerciales», explicó ayer el director general de Comerç del Govern, Pere Trias.
«No podemos poner prohibiciones por criterios económicos pero sí regular para fomentar el modelo que queremos por lo que, en nuestra propuesta, podemos exigir que se establezcan en zonas urbanas consolidadas, con todos los requisitos para la construcción de los centros y con una parte muy importante de vivienda residencial en el entorno porque es importante que tenga cerca a la gente», aseguró.
«Existe un consenso muy importante para que el poco suelo industrial disponible se destine a las empresas y no para los comercios minoristas, que tienen un margen de beneficios mayor y podrían ofrecer más por ello», defendió Trias, quién añadió que este tipo de ubicaciones podría generar problemas de movilidad y de desplazamiento en algunas zonas.
«La regulación de los grandes establecimientos comerciales se hace en función del interés general, en defensa del consumidor que tiene derecho a tener establecimientos comerciales cerca de casa», aseguró el alto cargo del Govern.
Regulación antes de fin de año
La ley, que podría entrar en el Parlament en septiembre u octubre y quedar aprobada antes de final de año si se logra el consenso suficiente, «recoge unos criterios básicos para la apertura de estos establecimientos en zona urbana con un transporte público garantizado o que la calle pueda absorber el tráfico de mercancías y de personas».
Aunque la norma podría abrir la puerta a la creación de centros comerciales en los centros de las poblaciones, Trias aseguró que esta posibilidad «depende de la configuración urbanística de cada municipio, de la misma forma que se define si en un lugar se puede levantar un chalet o un edificio de cuatro plantas».
Trias reconoció que «se cambia la ley porque no hay más remedio; lo único positivo que tiene es la simplificación normativa», aunque apuntó que la llegada de grandes empresas, algunas de las cuales ya se han interesado por la marcha de la nueva ley, puede generar beneficios al pequeño comercio.
«Por ejemplo, la implantación de El Corte Inglés en Palma en una zona donde casi no había comercio ha producido que, a su alrededor, surjan gran cantidad de tiendas, bares y restaurantes», aseguró.
El presidente de la Asociación de Comercio Minorista (ACM), José Javier Marí, apuntó que todavía tendrán que discutir en la agrupación las posibles objeciones al borrador de ley. Reconoció, en cambio, que «el principal caballo de batalla es impedir, casi al cien por cien, que se creen centros comerciales en cualquier parte de la isla». «Si ya hay bastantes polígonos, si con esto se fomentara crear más, Eivissa parecería Can Polígono», añadió Marí, quien destacó que «el que los grandes establecimientos se encuentren en los centros urbanos es importante, aunque tendremos que ver si se puede apretar más, a parte de que, el número de metros permitidos, también será importante».
Por su parte, el vicepresidente de la ACM, Alfonso Rojo, destacó que «si los grandes comercios están en una zona, los clientes pueden pasear por ella y acabar comprando en las tiendas cercanas; si se coloca un centro comercial al que se puede ir también a ver una película y quedarse a cenar, ya no hay forma de que hagan ese gasto en el comercio local».
Un inspector de Comerç se desplazó la semana pasada a las Pitiüses para comprobar que no se vulnera la normativa sobre descuentos en el mes previo a las rebajas.
Como resultado de su actuación, se realizaron 32 inspecciones de las que la mitad se han saldado con aperturas de expedientes informativos: 7 por promociones ilegales, 3 por outlets y 6 por rebajas anticipadas.
Estos expedientes no tienen por qué finalizar con sanción pero, de ser así, se podrían imponer multas de entre 1.500 y 60.000 euros, explicó Trias.
El director general aseguró que se harán más inspecciones antes del inicio de las rebajas, el día 28, aunque resaltó que su voluntad «es más informativa que de sanción» ya que se quiere concienciar a los infractores «de la necesidad de no realizar esa competencia desleal».
Por su parte, José Javier Marí pidió «mano dura» con los reincidentes y con quienes han vulnerado la ley voluntariamente y no por error.
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