Jaume Matas gobernó los cuatro años de su último mandato sin nombrar interventor general, cargo que sí existe en la actualidad, y que tiene competencia para solicitar cualquier tipo de documentación u ordenar cualquier actuación a la vista de auditorías o cualquier otra medida de control.

Fuentes del Govern anterior han confirmado este extremo, que el actual Ejecutivo considera clave para explicar «algunas cosas que pasaron». Sin embargo en fuentes del anterior Govern se le ha quitado importancia.

Para el actual la tiene, y mucho. Tal como informó Ultima Hora el pasado miércoles, el Ejecutivo está indagando por qué fallaron tanto los controles y está preparando el trabajo de campo de cara a la elaboración de una Ley de Servicios Públicos para poner orden en las empresas públicas. En los últimos cuatro años de Matas el Govern se sumó, creó o promovió hasta ochenta entidades de derecho público, como empresas, sociedades, consorcios y organismos instrumentales.

Los escándalos que salpican al anterior Ejecutivo parten de empresas o consorcios públicos, ya sea Bitel, Turisme Jove o CDIB. La ausencia de interventor, en cualquier caso, no tiene relación con estos escándalos.

Ya se alertó

Según ha sabido este periódico, ya en época del PP se alertó de algunos «excesos de gastos» o partidas sin justificar. El gerente es la primera persona que debería tomar medidas. Luego, el conseller del que depende la empresa es quien actúa como responsable último.

El Govern, además de nombrar un interventor, general, dispone ahora de interventores delegados en cada una de las conselleries.

Un funcionario habilitado a tal efecto hacía las veces de interventor general en la época de Matas, informaron ayer desde el PP. Estas fuentes insisten en que no se debe poner en duda la labor de los interventores.

Desde el actual Ejecutivo se insistió ayer en que los casos que estos días salplican al PP no son consecuencia de que no hubiera interventor general, pero que esta figura ayuda a los controles.