El Grup de Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB) solicitó ayer la imputación del ex presidente del Consell de Eivissa y Formentera Pere Palau y el ex conseller de Patrimonio Joan Marí Tur por presuntos delitos contra el patrimonio histórico en las obras de las autovías de la isla.
Según el portavoz de la entidad, Marià Marí, en 2005 el GEN denunció por vía penal delitos contra patrimonio histórico que afectaron a muchos bienes destruidos en la ejecución de las obras sin análisis previo.
Una denuncia cuyo «resultado final, aunque muy provisional» ha sido la imputación del constructor, Matías Arrom Bibiloni, y el jefe de Obra de la ampliación del segundo cinturón de ronda, Sancho Alvares. Unas imputaciones que son para la agrupación «sólo un paso previo».
Para el portavoz, esto «es sólo un comienzo» ya que hay muchas cosas pendientes. La auditoria «dará luz a un proceso de ilegalidad que se vino acometiendo» y demostrará que las carreteras tenían una finalidad como es dar cobertura a intereses privados «aparte de la seguridad en la que se respaldaron» sentenció a Europa Press.
Marí destacó que durante todo este tiempo se pusieron sobre la mesa una serie de «malas prácticas», así como «falta de consenso social e imposiciones» a la hora llevar a cabo «un proyecto de destrucción indiscriminada sin ningún tipo de control» hechos que suponen «extremos totalmente inadmisibles».
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