Libertad con fianza de 100.000 euros para el diputado Bartomeu Vicens

El magistrado-instructor del 'caso Son Oms'en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Capó, dictó ayer un auto en el cual decreta libertad provisional con fianza de 100.000 euros para el diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens (su partido, UM, le ha suspendido de militancia), por su presunta implicación en los hechos investigados en el 'caso Son Oms'.

Parte de esta causa, abierta tras una querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción, ha pasado al TSJB debido a la condición de aforado de Vicens. Investiga una supuesta red de corrupción urbanística en el polígono de Son Oms, con unos terrenos que pasaron de rústicos a urbanos. El resto del sumario lo instruye el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola.

El magistrado citó ayer a Vicens y a sus abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner para comunicarles el contenido del auto tras la mini vista realizada el pasado viernes.

La resolución concluye que la «solución más ajustada a derecho es acordar la libertad provisional del imputado con fianza de cien mil euros». También, el magistrado requiere a Vicens para que le haga entrega de su pasaporte, con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes en la secretaría de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, o en el juzgado de Guardia, en caso de coincidir con días festivos. También, califica de «no justificada» la adopción «del resto de las medidas consistentes en la prohibición de comunicar y aproximarse a los otros querellados e imputados, pues parece una medida desproporcionada al fundarse en una mera sospecha»

En otro auto hecho público ayer, el juez Capó ha acordado fijar de forma cautelar requerir a Vicens la suma de 8.172.848 euros en concepto de responsabilidad civil, y le da un plazo de 24 horas para que aporte esa cantidad. En caso contrario le embargará bienes hasta cubrir esa cantidad. A otro imputado, el abogado Jaume Montis, el juez le ha fijado una fianza de 3,5 millones de euros.

En el apartado segundo de los razonamientos jurídicos, el magistrado señala que cuando «del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare fianza».