L. A.12/11/08 0:00
TW0

Un grupo de afectados por las supuestas operaciones fraudulentas en ventas de pisos, en las que están implicados el directivo de un banco y el responsable de una inmobiliaria de la isla, se personarán hoy como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Eivissa a pesar de haber «recibido fuertes y preocupantes amenazas». Así lo comunicaron ayer algunos de los afectados que explicaron haber sido advertidos, tanto en persona como mediante llamadas telefónicas, de que si efectúan la denuncia tendrán «serios problemas», ellos y sus «familias». Y, aunque reconocieron pasar «miedo», lo mismo acudirán ante el juzgado con la representación del abogado Jaume Roig.

Los afectados son compradores de viviendas en la zona de Cala Vedella, en lo que antes era conocido como el Club Robinson, una promoción de viejos apartamentos que los apresados vendían como si fueran nuevos y residenciales, mediante una supuesta estafa que puede ascender a los ocho millones de euros.

Los dos detenidos, el director de una entidad bancaria y el responsable de la inmobiliaria Salinas, fueron acusados de presuntos delitos de estafa y falsedad documental, después de ser arrestados por agentes del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil (EDU).

Se calcula que hay más de 27 afectados por operaciones fraudulentas de ventas de pisos, en su mayor son parte ibicencos.

Las pesquisas policiales apuntan a que los arrestados actuaron en concurso operaciones para llevar a cabo ventas de pisos y apartamentos catalogados de turísticos como si fueran residenciales sin, supuestamente, haber llevado a cabo ninguna reconversión o trámite válido para cambiar su catalogación. Los clientes interesados obtenían todo tipo de beneficios para que el trato pudiera cerrarse sin mayores inconvenientes y con buenos acuerdos financieros. Según estos mismos indicios, el sospechoso se beneficiaba de distintas comisiones tras presuntamente alterar las nóminas de los compradores para que estos pudieran acogerse a hipotecas que la oficina del acusado suscribía con su consentimiento.