Roque López cuando acudió a declarar como testigo.

El presidente del Consell, Xico Tarrés, también deberá responder ante el juez por un presunto delito de falsedad documental durante la declaración que efectuará como imputado en la causa que investiga el presunto pago de comisiones dentro del caso Eivissa Centre el próximo 9 de febrero.

Así lo estipula el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, en su último auto, en el que admite a trámite la querella presentada por el ex secretario general de los socialistas pitiusos Roque López. En ella se denuncia que Tarrés, siendo alcalde, hizo una declaración de obra nueva del edificio junto a Joan XXIII en el que constaba que tenía 36 viviendas cuando ya había 160.

El magistrado dice que «está acreditado» que el señor Tarrés declaró una obra nueva «de menor construcción de la existente», por lo que «podría ser autor del delito» de falsedad documental. Es por ello, que en la declaración como imputado del presidente también se le preguntará por estos extremos. Sin embargo, el magistrado considera que este delito no se puede extender a otros miembros del equipo de gobierno como pretendía Roque López.

También se niega el adelanto de la declaración de Tarrés en calidad de imputado porque aunque el juez entiende que una citación así pesa «como una espada de Damocles» resulta totalmente imposible adelantar la cita porque podría ser un agravio comparativo o privilegio, además de existe ya una lista de espera y será una comparecencia larga.

La abogada de Tarrés, Ascensión Joaniquet, lamentó que no se haya aceptado el adelanto de la declaración. «No es ningún privilegio, es una deferencia porque nos perjudica a todos que el presidente de nuestra isla esté en entredicho; cuanto antes declare y aclare su responsabilidad mejor para la convivencia social de la isla». Tarrés insistió ayer en que quiere declarar cuanto antes y no se quiso pronunciar sobre la querella sobre falsedad documental.

Por otro lado, el juez llama a declarar como imputado al propio Roque López el 2 de marzo por un delito de falso testimonio o de falsedad documental. En este caso, se dice que López no ha dado «ninguna explicación satisfactoria» de por qué recientemente han aparecido más grabaciones sobre el caso Eivissa Centre. En su declaración como testigo dijo que había realizado siete grabaciones pero ahora hay nuevas cintas. Por eso, el juez toma la decisión de devolver este nuevo material y se oirá a López como imputado por delito de falso testimonio para el caso de que fuera incierto que no hiciera más de siete grabaciones o por presentar documento falso ante la Justicia (artículo 393 del código penal). El magistrado también aprovechará la ocasión para preguntarle sobre un presunto delito de tráfico de influencias por la reforma de las piscinas de Can Misses cuando era concejal de Deportes de Vila. El fiscal ha insistido varias veces en este último aspecto porque en las grabaciones aparece López hablando con una delegada de la empresa Brues sobre la adjudicación de la obra.

López dijo ayer que no está preocupado por la imputación. «Siempre he dicho que quería contar todo lo que sabía y colaborar al cien por cien; la imputación no me asusta lo más mínimo porque además la primera declaración como testigo se cortó y hacía tiempo que quería continuarla», dijo el ex secretario general de los socialistas pitiusos. «Que yo sepa estar imputado no es estar inculpado», añadió López, que entiende que es «importante» que el juez haya admitido a trámite la querella contra Xico Tarrés por falsedad documental.

Por último, el PP ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión del juez de no admitirles como acusación particular. El magistrado argumentaba que hay un concejal de este partido imputado y que el PP también está acusado por López de cobrar parte de las comisiones.

El gerente de la empresa pública de Imvisa, Emilio Pérez Echagüe, también deberá declarar como imputado el 16 de febrero por un presunto delito de tráfico de influencias.

Esta citación se da a raíz de una conversación que mantienen la delegada de Brues y Roque López que aparece en las grabaciones. En ella, la delegada pide explicaciones al ex dirigente socialista de por qué no se les ha adjudicado las obras de las piscinas de Can Misses, que finalmente fue a parar a la empresa de González Sevillano. En esa misma conversación, la mujer le intenta convencer de que se pare el concurso y le asegura que el asunto ya se ha hablado con Xico Tarrés y con Pérez Echagüe. El gerente de Imvisa no quiso hacer declaraciones ayer y remitió a la comparecencia de la alcaldesa de hoy. López ha explicado en alguna ocasión que la reforma de las piscinas tenía una cláusula para que no se presentaran empresas de Eivissa, algo que fue recurrido por un empresario ibicenco.

La alcaldesa de Eivissa, Lurdes Costa, el concejal de Urbanismo, Vicent Torres y el ex concejal de Obras, Antonio Roldán, deberán declarar como testigos dentro del caso Eivissa Centre. En el caso de la alcaldesa, el juez ha fijado su declaración para el 16 de febrero a las 9'30 de la mañana. Costa responderá hoy a los medios sobre esta citación como testigo. Para el resto de testimonios se fijará una fecha de declaración cuando a las partes les vaya bien.

Por otro lado, el juzgado tiene dificultades para que declare uno de los imputados, José Antonio Maturana, cargo de la empresa Bruesa que vive en San Sebastián. Por eso se le cita por exhorto.