La Fiscalía ha decidido pedir el archivo del caso Islasfalto en el que se investigaba si el anterior presidente del Consell, Pere Palau, cometió delito al adjudicar desde la institución más de dos millones de euros en contratos a la empresa Islasfalto, propiedad de su sobrino. Este caso fue denunciado en su día ante Fiscalía por los consellers del grupo progresista, que pedían que se investigara a Palau por los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La fiscal no ha visto indicios de ninguno de estos delitos tras haber estudiado la documentación y asegura que la actuación del ex presidente del Consell sólo constituye una «ilegalidad administrativa», ya que participó en algunas mesas de contratación donde se adjudicaron contratos a su sobrino. Ahora bien, ello no supone delito de prevaricación porque los procesos para dar los contratos «no se apartan de la normativa». Además, todos se basan en un informe técnico y no en lo que diga el presidente de la mesa, que en algunos casos fue Pere Palau.
De los 18 expedientes de asfaltado de caminos diez fueron adjudicados a Islasfalto o a una Unión Temporal de Empresas de Islasfalto con Contratistas Mallorquines Asociados S. A. (Comasa). Además, Comasa se llevó por otro lado seis contratos. De todas estas mesas de contratación, Palau sólo intervino en tres, según la documentación de Fiscalía. En una de ellas, la primera de todas, Palau estuvo presente pero se dio el contrato a la empresa Vías. En otras dos sí estuvo Palau y se adjudicó a Islasfalto, pero según la fiscal en ambos casos las decisiones se basan en informes técnicos previos que decían que esta empresa es la que ofrecía mejor precio.
El ministerio público tampoco aprecia un delito de fraude o de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos porque Palau no emitió los informes que apostaron por Islasfalto, sino que fueron los técnicos. Fiscalía también ha investigado los contratos por valor de 17.000 euros que se dieron a Betacar, empresa que los progresistas relacionaban con Palau. Sin embargo, la fiscal no ve delito porque Pere Palau ya no era administrador de la empresa de alquiler de coches. Sí que pertenece a Betacar Group que tiene como objeto social la dirección, gestión, administración, contabilidad e informatización de empresas.
El ex presidente del Consell Pere Palau se mostró ayer satisfecho y opinó que lo único que buscó en su día esta denuncia fue la utilización política de este tema causándole un «perjuicio importante» a su persona. «Determinadas personas deberían salir, bajar la cabeza y pedir perdón», consideró Palau, que indicó que esto fue una «estrategia política muy bien orquestada» con la que le trataron durante varios meses de «corrupto y delincuente». «Desde el primer momento pensé que era oportunismo político», dice Palau, que entiende que ni siquiera cometió una ilegalidad administrativa porque nunca participó en una mesa de contratación y sólo firmó los acuerdos que allí se tomaban.
Por otro lado, la consellera Pilar Costa, que también fue una de las impulsoras de la denuncia, explicó ayer que respetan la decisión de Fiscalía y que no presentarán recurso alguno porque son obras ya «acabadas y pagadas». «Celebramos que no se le acuse de ningún delito, pero lamentamos que se reconozca que se había cometido una ilegalidad administrativa, porque ya sabíamos que su participación fue más que dudosa, aunque otra cosa es que no sea constitutiva de delito».
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